Colaboración Invitada
Una reforma constitucional, garantía de buenos gobiernos en México
El actual gobierno de México, ha destacado por su manejo responsable en las finanzas públicas. El incremento histórico en el gasto social, la apreciación de la moneda, el fortalecimiento de la industria nacional, la negativa a la contratación de deuda externa y la pervivencia de las magnas obras del sexenio, son fieles testimonios de ello. Todo, pese a una pandemia, y a una crisis económica global.
Atrás quedaron los cúmulos de errores, despilfarros y ocurrencias característicos de los sexenios anteriores que tanto daño hicieron al pueblo de México. La estrategia para ello, emprendida por la 4T, arrancó antes incluso, de la toma de protesta del presidente AMLO, cuando en noviembre de 2019 se presentaron y aprobaron en el Congreso de la Unión, la Ley de Austeridad Republicana y la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
El propósito fue regular y normar por la vía legal, las medidas de austeridad que debe observar el ejercicio del gasto público federal y coadyuvar a que los recursos económicos de los que se dispongan se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez. No obstante, órganos autónomos y el poder judicial, se sirvieron de las facultades de la Suprema Corte para inaplicar dichas leyes en beneficio propio.
Última prueba de ello el finiquito de 9 millones de pesos de Lorenzo Córdova en el INE. Queda claro que el poder judicial se ha erigido como un auténtico reducto del conservadurismo en nuestro país. Sin embargo, la máxima obradorista de “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre” -respaldada por la mayoría de los mexicanos-, bien podría encontrar la observancia plena de una vez por todas, a través de una nueva reforma constitucional que incorpore en la Carta Magna, el derecho humano a una buena administración pública.
Y es que este derecho, que ya se legisla en Europa, regula el ejercicio de gobierno bajo principios rectores de los cuales no puede prescindir por ningún motivo, ningún órgano del Estado. Algo así como lo que impulsó en su momento el presidente López obrador por la vía legal, pero esta vez, con los beneficios que otorgaría la supremacía constitucional de un derecho humano; lo que vincularía (de forma obligatoria), no solo a la federación, sino también a los estados, municipios, órganos autónomos y al poder judicial, indistintamente de tiempos o ideologías. Vale la pena ponerlo sobre la mesa.
