La CNDH defiende a deudores alimentarios y desprotege a la niñez
El pasado 17 de agosto alrededor de 300 colectivos de feministas y activistas de los derechos de las mujeres
El pasado 17 de agosto alrededor de 300 colectivos de feministas y activistas de los derechos de las mujeres, se manifestaron en el Senado de la República para solicitar la destitución de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra. Días antes la funcionaria presentó una acción inconstitucional para que deudores alimentarios sigan conservando cargos públicos.
Lo anterior en base a una ley que solo en el estado de Yucatán prohíbe a deudores alimenticios ocupen o permanezcan en cargos públicos, ante lo cual la presidenta de la CNDH presentó una acción de inconstitucionalidad, que de ser aprobada por la Suprema Corte de Justicia devolvería a funcionarios públicos a conservar sus cargos o aspirar a uno.
En el posicionamiento que firmaron las alrededor de 300 organizaciones y activistas de los derechos humanos, según informó CIMACNOTICIAS, exigieron la renuncia de la titular de la CNDH a su cargo y advirtieron que de no hacerlo, el Senado deberá iniciar el proceso para su destitución.
Las feministas de igual forma solicitaron que la SCJN ratifique la constitucionalidad de las reformas aprobadas en Yucatán para impedir que tanto deudores alimentarios como agresores y acosadores sexuales ocupen cargos públicos.
Olga Sánchez Cordero, quien estuvo presente en la conferencia de prensa en la que se dio a conocer lo anterior, dijo que “podría” pedir a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Unión que cite a comparecer a Rosario Piedra.
Sostuvo por su parte que ella “no está de acuerdo con la acción de inconstitucionalidad que presentó la presidenta de la CNDH, porque viola los derechos a la alimentación de niñas y niños”.
Según CIMACNOTICIAS, la de Yucatán, no es la primera acción de inconstitucionalidad que presenta la CNDH en favor de los deudores alimentarios. El pasado 28 de julio del 2021 en el estado de Hidalgo, en donde la Ley Orgánica de la Administración Pública se prohibía ocupar cargos públicos a deudores alimentarios, sucedió lo mismo.
Por fortuna esa otra acción ni está en el listado de la SCJN, ni la ha sometido a votación, pero de acuerdo a Diana Luz Vázquez Ruiz —comunicóloga y principal impulsora de lo que hoy se llama la Ley Sabina—, se espera que ambas acciones se conjunten en los próximos días.
Desde la perspectiva de actual titular de la CNDH, sería un acto discriminatorio impedir que los morosos alimentarios desempeñen su cargo, porque su situación familiar no tiene nada que ver, además de que se les negaría una fuente de trabajo. Argumentó.
Por su parte Diana Luz Vázquez, Ruiz, activista no solo de los derechos de las mujeres sino de la infancia desde el 2018, sostuvo que los argumentos de la Funcionaria de la CNDH demuestran un completo desconocimiento de la situación de los deudores alimentarios en México.
La defensora, asegura que México es el país que cuenta con el porcentaje más alto en América Latina en cuanto a paternidades ausentes. El 40 por ciento de la población infantil tiene un padre ausente.
Desde la perspectiva de Diana Luz Vázquez, permitir que los deudores ocupen cargos públicos contribuye a la normalización de la violencia contra las mujeres e infancias en México; más aún: acrecienta la posibilidad de que las mujeres sean revictimizadas incluso desde las esferas gubernamentales.
Por su parte la senadora perredista Angélica de la Peña recordó que el artículo 4 de la Constitución Mexicana, establece cumplir con el principio del interés superior de la niñez.
Dicho interés –vertido en la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez– concluyó Vázquez Ruiz debe cumplirse sobre cualquier otro, de acuerdo con el principio de ponderación de derechos. Usted ¿qué opina?