HAY EN EL PAÍS una avalancha de asuntos. Demasiados rezagos, cabos sueltos. Alguno de ellos podría llevar a destrabar el nudo…o a desmadejar nuestro entorno. En los casos jurídicos sonados de México, un deslinde será clave: abordarlos como casos aislados o configurarlos como redes de corrupción. El reo solitario, cuestión inverosímil -aunque recurrente- en el mundo de la política y la burocracia tradicionales, frente a complicidades sistémicas que se tejen desde la impunidad y el enriquecimiento.

Cualquier decisión, red o caso aislado, necesitará de evidencias suficientes. Abogados de experiencia señalan: “la integración del expediente determina la sentencia, no las culpas que dicta la opinión pública”. Hemos visto cómo, en otros sexenios, los casos se caen y llega el descrédito gubernamental. La explosividad política de estos procesos jurídicos obliga a cuidados extremos. ¿Cuál será la estrategia del gobierno federal para desarrollar el combate a la corrupción desde la aplicación de justicia? Se trata de la narrativa principal del presidente López Obrador.

La credibilidad de la 4T, de nuevo, se pone a prueba.

CUATRO ¿POR CUÁNTOS?

SON CUATRO los casos más relevantes: el abogado Juan Collado, defensor de políticos de alcurnia y atrapado como gestor de estafas en la Caja Popular Libertad (Querétaro); Rosario Robles Berlanga, funcionaria omisa de la Estafa Maestra en la Secretaría de Desarrollo Social, por desfalco de 2 mil 500 millones de pesos al presupuesto federal de apoyo a instituciones universitarias; Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), otrora súper policía premiado, ahora detenido en los Estados Unidos por perjurio y vínculos con el crimen organizado; Emilio Lozoya Austin, ex director general de PEMEX 2012-2016, capturado en Málaga España (febrero 12) por la ficha roja Interpol que circuló el gobierno de México por asociación delictuosa, uso indebido de recursos públicos y malversación de fondos. Lozoya también era buscado por investigaciones relacionadas con estafas de la empresa española OHL, de la que era consejero.   

HISTORIAS SIN RED

EN EL SISTEMA político tradicional la justicia se aplicó sobre la base del reo solitario. Esto no cambió con la llegada del PAN al poder federal. Es decir: se aislaron casos de corrupción, que surgieron por primera vez a finales de los años 70s: el gobierno de José López Portillo enjuició funcionarios menores del régimen echeverrista. El mecanismo del reo sin complicidades se consolidó en los años 80s, con la llamada “Renovación Moral de la Sociedad” de Miguel de la Madrid. Eran secretarios de gabinete. De todos modos, el sistema se preservó a toda costa. Justicia a modo del cálculo político. Así ha funcionado, en los casos más sonados, la justicia en México para castigar la corrupción gubernamental.    

Detenido el 12 de febrero, Emilio Lozoya Austin estuvo prófugo 9 meses y sus recursos parecían ilimitados, como para intentar la fuga interminable. Su abogado defensor, Javier Coello Trejo, sentenció: “Es imposible que lo atrapen”. El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, reviró: “Esas afirmaciones luego tienen un costo muy alto, porque se sostienen en las premisas de que los intereses económicos prevalecen y no hay capacidad ni voluntad de la autoridad para hacer justicia”. Punto para el Fiscal.

El juez (febrero 18) dictó en España la prisión preventiva “porque Lozoya Austin cuenta con los recursos y los contactos para evadir la justicia, en caso de enfrentar este proceso en libertad”. No hablaba de oídas el magistrado español: en Málaga, Lozoya mostró documentos para identificarse como Jonathan Solís, habitaba residencia de 100 millones de euros y disponía de guardias rusos, famosos por su eficacia. Una nota de El País (febrero 17) consigna conexiones políticas transnacionales: “los contactos del mexicano Lozoya con el gobierno de Vladimir Putin iban viento en popa, para blanquear dinero de la mafia rusa y quizás negociar proyectos de energía que incluyen recursos estratégicos privatizados de Sudamérica en Chile, Venezuela, Brasil y Argentina. Empresarios y políticos utilizan la globalización de manera singular: sacar tajada y recibir protección legal”. La embajada rusa en México lo niega.

El gobierno mexicano tiene 45 días, a partir del arresto de Lozoya, para solicitar la extradición. Los cargos que presente en ese documento serán los únicos por los que podrá juzgar a Lozoya, si la extradición se hace efectiva. El caso aislado, a decir del Fiscal Gertz, “no parece probable”. El propio abogado defensor, Coello Trejo, reconoce que su cliente “no se mandaba solo”. Se ha filtrado al Wall Street Journal que se investiga al ex Presidente Peña Nieto. La fuente es “un alto funcionario de la Fiscalía”. Getrz, en El País (19 de febrero), reconoció investigaciones en curso, pero no dio nombres y argumentó secrecía.

AMLO (febrero 21) dijo desconocer si hay investigación contra Peña, “aunque la Fiscalía General de la República es autónoma”. Santiago Nieto, la mano indagadora en la Unidad de Inteligencia Financiera, declaró que “no hay investigación contra Peña Nieto”. Habrá otras noticias de esta trama que, vistos los datos y la historia, no parece solitaria. Hay quienes argumentan que lo de Odebrecht ya feneció. En juego la ley y la justicia, lo individual y lo colectivo.

(vmsamano@hotmail.com)