Cartas del Trópico

Esta semana se colocó sobre la agenda pública el tema del derecho humano al agua en Tabasco.

Un asunto que ha sido retomado por el Congreso de la Unión ante la falta de una ley general del agua en México, y que desde la legislaturas pasada quedó en la congeladora.

El nuevo legislativo encabezado por Morena señaló su rechazo a una ley privatizadora del líquido vital y la necesidad de legislar en la materia en fechas próximas.

Incluso se logró detener la intentona de la CONAGUA para entregar concesiones de aguas nacionales mediante su solicitud en internet, esto ante el rechazo de la ciudadanía y de actores políticos, por lo cual la dependencia federal dio reversa y señaló que postergará el proceso durante seis meses.

Con esto se detendrán las propuestas privatizadoras que desde el año 2015  se han colocado en la agenda legislativa, tristemente fue un tabasqueño quien presentó la primera iniciativa de ley privatizadora como presidente de la comisión de recursos hidráulicos, aunque por presiones de su bancada fue obligado a retirarlo.

En ese mismo año en Tabasco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una serie de recomendaciones ante la presencia de metales pesados: plomo, cadmio y aluminio, en el agua que se distribuye en las comunidades del municipio de Centro, con lo que se violaba el derecho humano al agua.

Las autoridades señaladas por la CEDH, SAS, la Secretaría de Salud y el CEAS intentaron reducir las implicaciones de esta recomendación, y solo aceptaron algunas.

A pesar de esto las autoridades no han dado cumplimiento a dichas recomendaciones.

El CEAS es la única de las dependencias involucradas que dio evidencias de querer cumplir, aunque no a cabalidad.

El asunto ya estuvo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que le dio entrada y la soltó ante un compromiso que hicieron las autoridades que en este año destinarían los recursos económicos necesarios para cumplir las recomendaciones que emitió la comisión estatal.

En estos días nos hemos enterado que la situación por parte del municipio de Centro no mejoró, sino que empeoró, ya que se acusa de que no se cloró el agua que se envía a las casas durante el último mes de la administración que salió el pasado 4 de septiembre.

El asunto del agua en Centro no es nuevo, ya se mencionó la queja de la Comisión local de Derechos Humanos.

Sin embargo, no es lo único. En los informes de los análisis de calidad de agua que realiza el Ayuntamiento de Centro se lee que la mayor parte de los parámetros para poder cumplir con la potabilización no se realizaban por falta de los reactivos necesarios, lo que resulta grave, ya que ocurría en el Ayuntamiento que más recursos económicos ejerce en Tabasco.

 La nueva administración municipal ha señalado que ante lo encontrado en materia de agua potable se harán las denuncias penales necesarios por el atentado a la salud de los habitantes de Centro. Esperemos que no sea sólo una cuestión mediática. Las denuncias públicas deben ir acompañadas de las acciones legales.

La nueva administración municipal deberá resolver este asunto de forma inmediata y empezar a garantizar el derecho humano al agua de sus gobernados y no solo en la potabilización sino en el tratamiento de las aguas negras que se descargan a los cuerpos de aguas nacionales.

En este asunto de derechos la participación de empresas privadas para el cobro del suministro de agua no tiene espacio porque abre la puerta a la privatización del recurso natural. Menos en los gobiernos encaminadas a la cuarta transformación de México. Así lo han considerado los legisladores del partido mayoritario.