Caja de Pandora

Si no se presentan obstáculos, será en el próximo agosto cuando venza el plazo de 120 días que estableció el Senado para que todos los congresos locales integren su Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

 Así lo establece el dictamen aprobado el  5 de abril reciente con  85 votos a favor y cero en contra, el cual reforma la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes a fin de fortalecer la ejecución y garantizar el oportuno cumplimiento de la pensión alimenticia, de manera homologada en todo el país.

  Antes, colectivos feministas hicieron presión para que el Congreso aprobara una ley como la que ya funcionaba en Yucatán en la que se  estableció que los padres deudores morosos estarían impedidos de participar en cualquier cargo público si no cumplían antes con su deber.

Otro intento en el mismo sentido lo hizo el Congreso de Hidalgo en julio del 2021, pero de manera sorprendente la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, interpuso una acción de inconstitucionalidad a favor de los deudores alimentarios.

Por el contrario, y como respuesta, la entonces magistrada y presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, sostuvo que se violaba los derechos a la alimentación de niños, niñas y adolescentes.

Y así se había quedado la propuesta, hasta el 5 de abril reciente cuando el Senado, con 85 votos a favor, aprobó la nueva reforma a la Ley General  del Código Civil y la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes.

El nuevo ordenamiento exige a todos los congresos del país que en un término no mayor a 120 días cumplan con la integración y aprobación  de sus registros locales de deudores alimentarios.

Para obligar a los morosos en su deber hacia sus hijos, el nuevo ordenamiento, además intenta concentrar el total de los deudores alimentarios y sus nombres.

Autoridades de los tres órdenes de gobierno dispondrán de lo necesario, a fin de que cada deudor presente un certificado de no inscripción en dicho registro para varios  procedimientos y trámites personales.

Entre otros: licencias y permisos para conducir; pasaporte o documento de identidad y de viaje; participar como candidato a cargos de elección popular, en procesos de selección para asumir el cargo de personas juzgadoras en el ámbito local y federal; trámites realizados ante notario público relativos a la compra-venta de inmuebles, la constitución o transmisión de derechos reales.

También se requerirá dicho certificado en las solicitudes de matrimonio, situación en la que los oficiales del Registro Civil deberán hacer del conocimiento de los contrayentes si alguno se encuentra en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

Además, prevé medidas de restricción migratoria, con el objeto de impedir que las personas inscritas en dicho registro puedan salir del país cuando sean deudores alimentarias morosos o cuando existan pruebas de que la salida del país constituya un riesgo para evadir el pago de la deuda.

La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos del Congreso de la Unión, Mayuli Latifa Martínez Simón, sostiene que la pensión alimenticia es de gran importancia, por su intrínseca relación con el bienestar, seguridad social y económica de niñas, niños y adolescentes de México.

Refirió que, de cada 10 divorcios, siete padres no cumplen con la pensión alimenticia, lo que se convierte en un problema grave que requiere de soluciones, “pues es alarmante que los hijos padezcan estas indiferencias de los padres que no desean hacerse responsables de los gastos básicos”. 

Un acercamiento de lo que representa este problema en Tabasco son las cifras que hace unos días publicó el Diario Presente en el sentido que en el 2021 se registraron 5 mil 240 demandas por pensión alimenticia; en  el 2022, otras 4 mil 769 y en este año entre 12 a 14 demandas diarias por el mismo motivo. Es decir, destaca la nota, más de 9 mil tabasqueños podrían estar en este padrón de incumplidos.

Una pregunta queda en el aire: ¿Qué pasará con los deudores que no tienen un trabajo estable o los que en complicidad con patrones no declaran sus ingresos reales? La aplicación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias ¿no debería ir junto a una campaña de concientización hacia la paternidad irresponsable?

Porque el incumplimiento está concentrado en esa población de acuerdo a lo declarado a Presente por el abogado Otilio Sánchez Sánchez, de la Asesoría Legal Palmer y Asociados. Este es un asunto de gran interés social.