El problema de las nuevas administraciones: lealtad o competencia

En las redes sociales se ha vuelto plantear un problema antiguo al que desde principios del siglo XX hacía referencia el sociólogo Max Weber: la cuestión de la construcción de las burocracias necesarias para los estados modernos. El encuadró el tema en la contradicción entre la convicción y la responsabilidad, o el político y el científico (en realidad hacía referencia a los técnicos). Y en general en sus escritos le daba gran importancia a un fenómeno íntimamente ligado con la ineficacia y la corrupción: el patrimonialismo. 

Es decir, esos gobiernos donde los puestos se dan en función de los intereses particulares de las personas, o como propiedad del funcionario. Estas últimas formas no las consideraban modernas (y sin embargo las vivimos hoy en organizaciones modernas como la UNAM, por ejemplo), pero tampoco caía en la falacia de que todos los funcionarios tenían que ser técnicos o "expertos" como se dice ahora, no creía en la tecnocracia. 

Justamente planteaba que cada gobierno y en cada nivel tenía que darse alguna forma de equilibrio entre quien hacía política por convicción (el político -piensa en función de los objetivos ideológicos-) y quien lo hacía por responsabilidad (el científico -piensa en función de los problemas técnicos-). Es decir, que se necesita quien señale el sentido y las metas de las acciones y quien señale el cómo alcanzarlas, y sobre todo, le daba mucha importancia a advertir las consecuencias no buscadas de las acciones. 

Con la formación de las nuevas administraciones a nivel federal, estatal y municipal se está dando la discusión sobre porqué se dan los puestos, si por hacer méritos en campaña, por darle lugar a opositores para que no obstaculicen las acciones, por larga militancia, o por competencias técnicas. No es una cuestión nueva, pero en este caso tiene más importancia porque se busca la continuidad de un gobierno que ha propuesto el cambio de régimen.

En el gobierno anterior se siguió una política de que no se daban cargos sino "encargos" para que el dirigente político máximo tuviera el control directo sobre las acciones de los subordinados y evitar el patrimonialismo; las decisiones finales se concentraban en la cabeza y así se buscaba una coherencia en busca de los objetivos políticos, incluso descalificando a los "expertos", que, como explican unos autores" (Jaques Theys y Bernard Kalaora), son "formales"; es decir, la mayoría de ellos, sobre todo los más prestigiados, son conservadores porque tienen negocios en su ramo de competencia y complicidades entre sus pares. Y normalmente son un obstáculo para el cambio y sabotean al gobierno desde adentro. 

Siendo un problema universal de las instituciones, lo que se presenta como problema es que el jefe sea ignorante de la materia o incapaz de juzgar las capacidades de las personas y por inseguridad escoja a alguien de confianza (peor aún un familiar o un recomendado). La manera en que las administraciones sobrellevan estas situaciones es nombrando a un directivo dispuesto a vigilar e impulsar los cambios o el sentido político y estilo de la actividad, y la contratación de un subordinado técnico capaz y honesto que sepa los cómos, advierta de las consecuencias y sepa dar las instrucciones y organizar las actividades en nombre del jefe que supervisaría la coherencia, eficiencia y eficacia de la actividad. (* Investigador universitario CRIM UNAM y activista)