Países Bajos penaliza al cliente que sepa o sospeche que sexoservidoras son víctimas de explotación o de trata de personas

A la máxima inicial se añade esta explicación: “Hasta que tropecé con la gente equivocada”. Una voz femenina superpuesta advierte de que “no todo es lo que parece” y pide al cliente que se detenga y denuncie “si sabe o sospecha que la prostituta no tiene 18 años o está siendo forzada a trabajar”. “A partir de este 1 de enero es un delito”, concluye la narradora. La nueva norma contempla penas de hasta cuatro años de cárcel y una multa de hasta 22.500 euros para el cliente que siga adelante en estas circunstancias. Si se trata de menores de edad forzadas a prostituirse, la pena puede llegar a los seis años.

Precisamente sobre prostitución y menores. Sobre el mismo fondo rojo aparece una chica más joven y vestida como la anterior, aunque con medias de malla y grandes tacones. “Soy mayor de edad”, puede leerse esta vez. Cuando cambian las luces, se revela la realidad de la situación denunciada. Es esta: “Seré mayor de edad el 24 de mayo de 2024″. El ministerio le explica al cliente las posibles señales de los abusos que debe denunciar. Dice, por ejemplo, que “el trabajador del sexo puede tener cardenales o bien otras señales de maltrato; puede estar asustado, triste o no sentirse bien allí; encontrarse en un lugar apartado, como una zona industrial o un garaje”. Si bien se usa el término trabajador del sexo en los textos, la campaña presenta a mujeres dada su presencia mayoritaria en el ámbito de la prostitución.

Al cliente se le indica además que “busque solo a mayores de 18 años y se asegure de que no hay menores en situación de explotación”. También, que no responda a ofertas en grupos cerrados de WhatsApp o Telegram, chat o a través de terceros. “Use el sentido común”, es la advertencia final. En caso de sospecha, puede hacerse una denuncia anónima o marcar el teléfono de emergencia, también el 112 en el caso holandés. Los que alerten inmediatamente de la situación no serán penalizados.

Desde la legalización de la prostitución hace dos décadas, la cifra de negocios del sexo se ha ido reduciendo en Países Bajos debido a las dificultades para obtener un permiso de apertura de un burdel. En el año 2000 había 1.350 de estos locales abiertos. Ahora son unos 250, según un sondeo efectuado este diciembre por el equipo de investigación de la cadena televisiva KRO-NCRV. Las licencias, que suelen ser para cinco años sin garantías de renovación, están en manos de los Ayuntamientos. De estos depende a su vez la política aplicada al ejercicio de la prostitución, y la reducción de la cifra de autorizaciones corre pareja al énfasis puesto en la lucha contra la trata de personas y la explotación.