Orden judicial a Musk y DOGE para revelar recortes al gasto federal

• Un juez federal ha ordenado a Elon Musk y a su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) que proporcionen registros y respondan a preguntas relacionadas con sus esfuerzos para reducir el gasto federal. La decisión, emitida por la jueza de distrito Tanya Chutkan en Washington, D.C., se produce en respuesta a una demanda presentada por 14 fiscales generales estatales demócratas. Estos acusan a Musk de violar la Constitución al ejercer poderes que, según la cláusula de nombramientos, solo pueden ser ejercidos por funcionarios confirmados por el Senado.

La jueza Chutkan, nombrada por el expresidente Barack Obama, destacó que su orden se centra en identificar quién toma las decisiones sobre los recortes de gastos dentro del DOGE y hasta qué punto puede llegar su autoridad.

Demanda acusa a Musk de violar la Constitución al ejercer poderes no autorizados

• Los demandantes argumentan que Musk ha actuado fuera de sus facultades, mientras que los defensores de Musk y el DOGE sostienen que los detalles sobre el "funcionamiento interno del gobierno" no son relevantes para este caso. Sin embargo, la jueza no estuvo de acuerdo con esta postura, señalando que es una cuestión legal que debe resolverse tras un análisis exhaustivo.
• En su fallo, la jueza Chutkan subrayó que las solicitudes de los demandantes buscan revelar el alcance de la autoridad de Musk y el DOGE en la toma de decisiones sobre el gasto federal. Aunque los acusados insisten en que estos detalles son irrelevantes, el tribunal consideró que es fundamental determinar si se han sobrepasado los límites constitucionales.

Hasta ahora, el Departamento de Justicia, que representa a Musk y al DOGE, no ha emitido comentarios al respecto.

• Musk y el DOGE tienen hasta el 2 de abril para cumplir con la orden judicial y proporcionar la información solicitada. Este caso ha generado un intenso debate sobre los límites del poder ejecutivo y la influencia de figuras no gubernamentales en decisiones que tradicionalmente corresponden a funcionarios confirmados por el Senado. La resolución de este conflicto podría sentar un precedente importante en la interpretación de la cláusula de nombramientos.
• Mientras tanto, la atención se centra en cómo Musk y su equipo responderán a esta demanda, que no solo cuestiona su autoridad, sino que también pone en tela de juicio la transparencia y el manejo de los recursos federales. Este caso podría tener implicaciones significativas para futuras decisiones relacionadas con el gasto público y la participación de actores no gubernamentales en asuntos de gobierno.