Gasto social es temporal; son necesarias las reformas globales y nacionales

EMPLEO DESCENDENTE

A mayor abundamiento y descontando las coberturas diferentes de los sistemas de protección social, la distribución de los ingresos laborales es muy desigual sea entre hombres y mujeres, entre naciones industrializadas y atrasadas, entre regiones de cada país o entre zonas urbanas y rurales.

Por supuesto, las disparidades con frecuencia van más allá de diferencias en productividad para descansar sobre el costo comparativo de la mano de obra. En la práctica, la intensificación del intercambio y de la competencia internacional sacando provecho a las remuneraciones diferenciales de la mano de obra, ha restado poder político a los movimientos sindicales, como se observa en la cifra descendente de su membresía en buena parte del mundo.

Con el receso y la pandemia del coronavirus es de esperar deterioro ulterior del mercado de trabajo, manifiesto ya en los índices de desempleo, de subutilización de los trabajadores y del crecimiento de la ocupación individual nacida de iniciativas propias.

Todo indica que el coeficiente de la participación de los trabajadores en la población continúe su tendencia descendente (del 65% al 61% entre 2000 y 2020); que la tasa media de desempleo mundial brinque de la media de varios años recientes del 5%-6% a cerca del 8%-10%.

Como resultado, el peso de los sueldos y salarios de los trabajadores en el producto mundial continuará cayendo. Entre 1960 y 2012, la participación del trabajo en el producto norteamericano bajó aproximadamente del 62% al 58%, la de Inglaterra del 64% al 57%; la de Italia, del 70% al 53%; la de México del 44% al 28% (1940-2019).

A fin de ilustrar con más cercanía el problema analizado, valga mencionar algunas cifras latinoamericanas. En esa región, la desocupación en 2020 sumará a 11.5 millones de habitantes: la pobreza subirá 3.5%, esto es, afectará al 34% de la población trabajadora; el coeficiente de Gini que mide la desigualdad distributiva subirá mucho, 0.5 puntos.

COMENTARIOS FINALES

Sea como sea, se ha avanzado en alejar las políticas de austeridad, así como en mover la división funcional entre Estado y mercado. Con todo, el cambio paradigmático es parcial. Se acepta que el Estado asuma nuevas responsabilidades, se admite que familias y empresas reciban ayuda de emergencia.

Pero ese gasto tiene carácter temporal, excepcional, no es parte permanente de un sistema institucional correctivo, favorable al empleo pleno. Sin mucha previsión o detenimiento hemos asumido ideas y reglas de relevancia que hoy necesitamos completar: una es la globalización incompleta, parcializada, donde los bancos centrales compiten con los gobiernos en la fijación de los objetivos económicos medulares; donde los imperativos del comercio y del orden económico internacional privan excesivamente sobre las demandas colectivas internas de los países.

Sin duda, hay exigencias imprescindibles de regulación de la convivencia económica universal. Pero uniformados, como se ha hecho, no se acierta a precisar correctores de la acumulación de desajustes institucionalizados que luego estorban la continuidad de la prosperidad mundial.

Si los arreglos globales favorecen poco a las políticas sociales de orden nacional y olvidan la meta del pleno empleo; si los mercados de trabajo prevalecen con una desorganización que poco ayuda a la igualdad; si el acomodo de las economías emergentes acotan la industrialización de muchos otros países, lesionando a sus trabajadores mejor remunerados; si los objetivos del crecimiento son desplazados por la búsqueda en cualquier circunstancia de la estabilidad de precios; si los esfuerzos centrales de gobiernos se dirigen más a remediar las crisis sucesivas que a asegurar prosperidad estable y compartida.

Entonces el crecido armazón institucional creado para ganar reales o supuestas ventajas económicas, deviene en estrategias con inclinaciones debilitadoras de la democracia. En pocas palabras, algunos desequilibrios no previstos o aceptados comienzan a erosionar la salud de la convivencia social y de las economías.

La raíz y razón de los sistemas democráticos es asegurar la armonía social; sin embargo, el predominio de medidas que permiten la formación de clases sociales plenas de privilegios y otras abandonadas, derrota por dentro las esencias democráticas. Ante la crisis, hasta ahora, el camino preferido de los gobiernos líderes ha sido el de llevar a extremos extraordinarios las prescripciones antirrecesivas de siempre.

Así se inunda de liquidez a las economías por la vía de la banca, del crédito y se incrementa sin parangón el gasto público, incluidos subsidios a empresas y grupos sociales. Ambas acciones son de aplaudir por marchar juntas, libres de prejuicios ideológicos por primera vez en mucho tiempo.

Aun así, dejan de lado reformas necesarias unas globales, otras nacionales frente a la complejidad de las nuevas y viejas realidades. Hasta ahora, son pocas las iniciativas que combatan de frente la desigualdad y el desorden de los mercados de trabajo: una consiste en elevar la progresividad de los sistemas tributarios, otra en conceder a todos una renta básica, una tercera en acrecentar la emisión de derechos especiales de giro, preferentemente a favor de los países más débiles.

El malestar social se manifiesta desde la concentración universal de la riqueza, el menor crecimiento o el desempleo crónico. Más aún, la actual situación recesiva tendrá un singular impacto maligno sobre los grupos de bajo ingreso de cada país y en los países más débiles.

En síntesis, el mundo encuentra más y más dificultades para entenderse, suprimir prejuicios y ofrecer bienestar estable a todos. Tenemos una enorme tarea por delante incluida la reforma del orden económico internacional y casi la de un gran número de países.