En California, un senador republicano busca poner fin a la ley "santuario" para los migrantes en California.

Este viernes, el republicano y senador estatal Brian Jones presentó a la comunidad de San Diego (California) un proyecto legislativo con el objetivo de poner fin a la política de "refugio" para los inmigrantes del estado.

• Si se ratifica, la propuesta anularía la ley SB54, que se aprobó en 2017 durante la primera gestión del presidente Donald Trump, destinada a salvaguardar a los migrantes no autorizados.

Jones declaró en una conferencia de prensa que esa normativa, que fundamentalmente impide a las entidades del orden local, de condados y del estado colaborar con oficiales de migración, debe ser objeto de revisión, con el propósito de anularla.

También participaron grupos civiles que respaldan la inmigración en la presentación del proyecto.

La SB54 "es resultado de por lo menos tres décadas de luchas en favor de la comunidad y la unidad de nuestras familias", dijo el dirigente sindicalista Christian Ramírez.

El activista advirtió que quienes criminalizan a los trabajadores inmigrantes deberían prepararse para cosechar sus propios alimentos y asumir su propio mantenimiento.

"Son tiempos difíciles y vamos a tener que apoyarnos en la ley y en la protección de nuestros derechos", comentó Ramírez, quien agregó que hay legisladores conservadores como Jones que lo saben y es por eso que intentan socavar leyes como la SB54.

Pedro Ríos, director del Comité de Servicios de los Amigos Americanos, dijo que espera que la idea del senador Jones se quede en solo un intento.

"Es un largo camino cuesta arriba el que tendrían que recorrer para anular la ley; no tienen los votos que necesitan", agregó Ríos, "y no creo que criminalizando a la gente los vayan a tener", concluyó.

El senador Jones, junto con varios jefes policiales y el alguacil del sur de California, afirmó que la citada normativa estatal "protege a pedófilos y criminales sexuales, entre otros".

Arcela Núñez, la directora de la Universidad Popular de San Marcos, expresó que la comunidad "se siente amenazada debido a que son madres y padres de familia, empleados a quienes actualmente están sancionando, cuando en realidad poseen derechos que deben ser respetados".

• La académica instó a los individuos a consultar con abogados de migración, de manera individual y grupal.