Cobra durante 20 años la pensión de su abuelo muerto y nadie se da cuenta

María Avelina, habitante de la localidad de A Estrada de Pontevedra, España, burló a la entidad bancaria y seguridad social, al cobrar por 20 años la pensión de su abuelo muerto.

Para las dependencias, el hombre seguía vivo, ya que en los documentos que presentaba su nieta, el hombre tenía 105 años, pero en realidad había fallecido en enero de 1996.

La mujer logró la hazaña hasta el 2016, cuando fue atrapada en el trámite de un papeleo y acusada de un delito de estafa continuada.

La acusada ha sido juzgada en la Audiencia de Pontevedra y después de reconocer que estafó a la Seguridad Social con más de 132.000 euros, a lo que hay que sumar los intereses acumulados de la deuda, ha sido condenada a dos años de prisión tras cerrar un acuerdo con la Fiscalía, pero ni cumplirá la pena, porque no tiene antecedentes, ni pagará ni un euro a las arcas públicas porque ha sido declarada insolvente por el tribunal. Su abogado la exoneró de toda culpa porque durante años nadie le pidió documentación ni fe de vida de su abuelo.

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El caso ha trascendido al mismo tiempo que el Tribunal de Cuentas ha constatado que Galicia es la segunda autonomía donde más estafas se han detectado en el cobro de pensiones no contributivas en España.

Los magistrados de Pontevedra tendrán que resolver en sentencia quién paga los platos rotos, si el culpable ha sido el banco o la Seguridad Social, porque no ha habido acuerdo entre ellos. Por lo pronto no consta que la entidad bancaria realizara la comunicación anual de pervivencia del beneficiario de la pensión, a la que está obligado por el Reglamento General de Gestión Financiera de Seguridad Social.

El banco ya ha abonado más de 33.000 euros como responsable civil subsidiario, pero quedan pendientes por abonar unos 100.000 euros. Un importe que se ha negado a pagar porque cree que las cantidades que cobró la mujer indebidamente antes de 2006 es una deuda ya prescrita.

El fiscal jefe de la provincia, Juan Carlos Aladro, no ha aceptado tal prescripción al tratarse de un delito continuado.”Evidentemente ha habido una negligencia porque esto ocurrió durante veinte años sin que nadie comprobara nada”, ha reprochado en el juicio.

El Ministerio Público cree que es el banco el que debe pagar porque es el responsable de verificar que los beneficiarios de las prestaciones públicas siguen vivos. Una tesis que también ha defendido el abogado del Estado para exculpar a la Seguridad Social.