Sacerdote negará sacramentos a diputados que aprobaron el aborto en Sinaloa

Con esto, no podrán ser padrinos o acompañantes de otras personas que quieran recibirlos, como es el bautismo, luego de participar en la aprobación de la interrupción del embarazo.

Mediante una carta abierta a los legisladores locales que profesan la fe católica, el clérigo de la parroquia de “Nuestra Señora del Carmen” establece que hay mucha gente escandalizada por la "traición pública" de la enseñanza de la Iglesia sobre la fe y la moral. 

En el documento, el sacerdote Gaxiola, quien por más de 24 horas se mantuvo en huelga de hambre fuera del Congreso del Estado, preguntó: "¿cómo puede acercarse a misa y comulgar un fiel que abiertamente promueve y está a favor de políticas contrarias a la vida?".

Se cita en el documento que varios diputados católicos quienes apoyaron el aborto y legislado a favor del acto, suelen argumentar que “están a favor de la vida y los derechos humanos” y que este argumento "es hace creer personalmente en la inmoralidad del aborto, por eso esgrimen que están a favor de la vida".

El sacerdote, firmó el documento como Responsable Diocesano de la Comisión para la Vida y la Familia, plasmó que ninguna ley puede hacer lícito un acto que es intrínsecamente ilegal, porque la vida debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción.

Cabe recordar que durante la sesión extraordinaria del pasado martes, con 28 votos a favor, de los 39 diputados asistentes, el Congreso del Estado aprobó la interrupción del embarazo a las trece semanas de gestación ante el rechazo por grupos de Provida y Defensa de la Familia, rezaron ante la imagen de una Virgen.

Ante estas nuevas disposiciones, las mujeres o personas gestantes que interrumpan el embarazo después de trece semanas, serán sancionadas con una amonestación, y de uno a tres meses de medidas integrales, mismas que corresponderá decretar a la autoridad judicial

Así mismo, se declara que será de dos a ocho años de prisión al que cometa el delito de interrupción forzada del embarazo, sin el consentimiento de la persona gestante, y en caso que se produzca la pérdida de la aptitud o capacidad reproductiva de la víctima, o bien se emplee el engaño o la violencia física o moral, el castigo será de tres a nueve años de prisión.

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