ONU señala a estado mexicano de violar derechos de discapacitado

El hombre, que fue diagnosticado con "trastorno social de la personalidad" y un "posible retraso superficial", fue señalado por el ministerio público de la Ciudad de México por hurtar un carro "empujándolo y no manejando" debido a que su condición física le impedía conducir.

Por este motivo, Arturo Medina fue enviado al Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial (CEVAREPSI) y se le calificó como una persona inimputable, es decir, que su condición psicosocial le impedía entender el hecho delictivo que cometió.

El juez Noveno Penal del entonces Distrito Federal fue quien dictó una medida de seguridad de cuatro años al joven para que fuera internado en el CEVAREPSI.

Según la ONU, la inimputabilidad hizo que las autoridades vieran al acusado como una persona incapaz de declarar y defenderse en el proceso penal, lo cual le impidió tener conocimiento del avance de su caso.

"(Arturo Medina) Nunca tuvo la posibilidad de declarar ni de contradecir las declaraciones de los agentes de policía que lo capturaron. Tampoco pudo nombrar su propio defensor ya que éste le fue asignado por la autoridad judicial. Además, no  se le proporcionó el apoyo o ajustes razonables para que pueda ejercer su defensa material. La documentación presentada también demuestra que el autor nunca fue convocado a las audiencias llevadas a cabo durante su proceso penal", dijo la ONU en su dictamen.

Tampoco la madre del joven, Judith Medina, tuvo la posibilidad de conocer directamente el proceso legal debido a que su hijo ya era mayor de edad y no se le podía considerar apoderada legal.

La organización Documenta fue quien llevó el caso de Arturo Medina y el día de hoy dio a conocer el dictamen de la ONU, donde se narran todas las complicaciones legales que enfrentó el acusado para recuperar su libertad casi cinco años después de haber sido detenido.

Pide garantizar el acceso a la justicia de los inimputables.

Luego de acreditar las violaciones del Estado mexicano, a través de su Poder Judicial, en contra de Arturo Medina, la ONU emitió una serie de recomendaciones a las autoridades de nuestro país para que no se repitan casos como éste.

En primera instancia el gobierno tiene que modificar todas sus leyes en relación a la figura del inimputable y al Procedimiento Especial para Inimputables, garantizando el respeto al debido proceso de las personas con discapacidad.

También debe revisar las medidas de seguridad que implican un internamiento con tratamiento médico-psiquiátrico y promover alternativas que se ajusten a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Debe asegurar que todos los actores que participan en la procuración de justicia reciban cursos sobre la Convención y su Protocolo Facultativo.

En cuanto al caso específico de Arturo Medina, el Estado mexicano debe proporcionarle una reparación integral del daño, una disculpa pública y difundir el dictamen de la ONU en formato accesible para que todos puedan entenderlo.