Niños son reclutados por bandas de huachicol en diferentes partes del país

Según datos de la Fiscalía General de la República, entre 2006 y julio de 2021 fueron detenidos 91 menores de edad por vínculos con bandas de huachicol, principalmente en Tamaulipas y Jalisco, donde capturaron a 23 y 16 menores, respectivamente. 

En Guanajuato fueron 14, en Sinaloa otros 6 y en Zacatecas, 5; el resto fue capturado en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Colima, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y el estado de Veracruz.

A los menores se les relacionó con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Santa Rosa de Lima, el Cártel del Golfo, Los Zetas y Los Bukanas, entre otras bandas.

Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, destacó que hay un principio básico de las bandas criminales que operan bajo una lógica de guerra en México: "necesitan soldados, necesitan operadores; hay una reacción directamente proporcional, a más acción del Estado con Ejército, con militares, los grupos criminales responden, para alcanzar esa capacidad de fuego, de soldados, reclutando.

"Es toda una red, desde los halcones, que son la mayor parte de niños, niñas y adolescentes hasta los que están haciendo la labor de extracción, la distribución y, en esta red de macrocriminalidad, también está el lavado de dinero".

El robo de hidrocarburos no es posible sin el soborno a funcionarios, pero aún así las bandas son cuidadosas cuando se disponen a realizar el hurto, por eso primero mandan a los "puntas", jóvenes que se adelantan unos kilómetros hacia el punto de la ordeña para verificar que el camino está libre.

Los "halcones" vigilan que durante el huachicoleo -en el que también participan adolescentes- no lleguen agentes de seguridad.

Conforme los contenedores se van llenando, las camionetas se retiran a zonas seguras. En una jornada fructífera para las bandas criminales, se utilizan algunas decenas de camionetas con contenedores de mil litros. Para mover las unidades, los choferes o "acarreadores" son indispensables, aunque no tengan mayoría de edad. 

Existe una falsa idea de que los grupos criminales usan a los menores de edad porque salen rápido de su sanción, cuando en realidad pueden enfrentar penas de privación de su libertad de entre 5 y 10 años. 

"Irónicamente, para unos se convierte en una oportunidad de protección, porque sus comunidades o sus familias no tienen la condición de ayudarlos", reflexiona.

"El hecho de que niños, niñas y adolescentes sean reclutados por grupos criminales, que el Estado mexicano no tenga absolutamente nada para protegerlos y sólo los criminalice como otros más dentro de las carpetas investigación, es una grave omisión del Estado mexicano". 

Para la organización internacional Save The Children, la detención de niñas, niños y adolescentes por participar en redes criminales, como en el caso de robo de hidrocarburo, es un síntoma más de la gran violencia de la que son víctimas los menores en México.

"Hay una profunda descomposición social en nuestro país, que está comprometiendo la vida e integridad de niñas, niños y adolescentes, y que se refleja en inseguridad, pobreza, que los adolescentes no tienen un proyecto de vida realizable en el corto y largo plazo, que faltan oportunidades de desarrollo, que hay falta de calidad en la educación", lamenta Ivone Piedras, directora de comunicación de Save The Children.

"Todo esto es terreno fértil para el crimen organizado, en estos contextos es muchísimo más fácil para el crimen organizado reclutar a niñas, niños y adolescentes; y a eso le sumamos que tenemos una sociedad que no se interesa por ellos, porque no ve que no es normal que los estén reclutando, en muchas comunidades del país es normal que los chavos trabajen con el crimen organizado".

Para la organización es urgente una estrategia para atender a la niñez, pues si no se atiende lo que están viviendo los menores, en el futuro la violencia continuará reproduciéndose.

Otro factor que Save the Children identifica para que los menores sean reclutados es la debilidad institucional, pues aunque existe una Ley de Derechos para Menores que derivó en Procuradurías de Protección a la Niñez, este mecanismo no opera como debería. 

"No tenemos suficientes recursos asignados para que estos mecanismos funcionen adecuadamente, y necesitamos más personal capacitado", dice.

Los menores detenidos por delitos federales son internados en Centros de Tratamiento para Adolescentes, los cuales, de acuerdo con un informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, padecen maltrato físico y psicológico. 

En el país hay 56 de estos centros, de los cuales 15 son varoniles, 37 alojan a hombres y mujeres y 4 son exclusivos para el sexo femenino, cuya capacidad asciende en su conjunto a 8 mil 728 espacios. 

El año pasado, el organismo publicó el Informe Especial Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México, en el que refiere que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estimó que la cifra de menores reclutados de manera forzada ascendía a por lo menos 30 mil en 2015.

"Además de los impactos directos en la vida de niñas, niños y adolescentes, en muchos casos las autoridades y medios de comunicación suelen revictimizarlos al declarar públicamente que estaban involucrados con grupos delictivos, dedicados a actividades de narcotráfico -entre ellos narcomenudeo, 'halcones', sicarios", indica.

"Cuando en realidad el problema de fondo es, por lo general, una cadena de omisiones y ausencias de las autoridades para prevenir y atender las problemáticas de fondo".

De acuerdo con el informe, sólo en nueve entidades del país hay programas dirigidos para prevenir el reclutamiento de menores por grupos armados, autodefensas o del crimen organizado. 

En Puebla, el robo de hidrocarburo se da principalmente en el llamado "Triángulo Rojo", que abarca los municipios de Tepeaca, Acajete, Quecholac, Acatzingo, Tecamachalco y Palmar de Bravo. 

Mientras que en Veracruz el huachicoleo se concentra en Vega de la Torre, Cardiel y Tuxpan.

"Hay una profunda descomposición social en nuestro país, que está comprometiendo la vida e integridad de niñas, niños y adolescentes, y que se refleja en inseguridad, pobreza, que los adolescentes no tienen un proyecto de vida realizable en el corto y largo plazo".

Ivone Piedras, Directora de comunicación de Save The Children.

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