México suma aliados contra tráfico de armas; la SRE contestará este mes réplica de fabricantes

Las armerías respondieron en noviembre a la denuncia presentada por México en agosto, por lo que la Cancillería tiene hasta el  31 de enero para presentar su réplica, que se basará en tres puntos principales: “uno, señalar que no gozan de  ninguna inmunidad, que hay una ley en EU que les otorga cierta inmunidad en aquel país, pero estamos argumentando que una ley extranjera no tiene efectos extraterritoriales en México. También, que hay un vínculo entre sus omisiones con el daño que sufrimos en México y, en tercer lugar, que hay una relación entre las  actividades comerciales negligentes con el daño que sufrimos”, subrayó Celorio.

Una vez que respondieron a dicho litigio las empresas fabricantes el pasado 22 de noviembre, México tiene hasta el próximo 31 de enero para presentar su réplica, que se basará en tres puntos principales, explicó el funcionario.

Uno, señalar que no gozan de ninguna inmunidad, que hay una ley en Estados Unidos que les otorga cierta inmunidad en aquel país, pero estamos argumentando que una ley extranjera no tiene efectos extraterritoriales en México. También, estamos señalando que hay un vínculo entre sus omisiones, sus conductas con el daño que sufrimos en México y, en tercer lugar, señalamos que hay una relación entre las actividades comerciales negligentes con el daño que sufrimos”, subrayó.

En entrevista, explicó que durante este tiempo de diseño de la respuesta se están sumando apoyos por parte de diferentes naciones, especialmente de América Latina y especialistas que igualmente resultan afectados por el  tráfico ilegal de armamento.

Recién estuvimos con los embajadores de países de Latinoamérica y del Caribe y lo que más puedo destacar es que no sólo contamos con el apoyo a lo que estamos haciendo sino con un ya basta, porque dábamos por sentado que las empresas fabricaban y no se les podía decir nada, pero con esta acción legal del gobierno de México estamos resaltando que hay estrategias legales que podemos utilizar para que rindan cuentas y los países nos están apoyando”.

Celorio Alcántara recordó que esta demanda no es contra el gobierno de los Estados Unidos que, por cierto, apoya en materia de seguridad, control fronterizo y combate al tráfico de armas y de drogas. Es contra una industria que se ha vuelto irresponsable respecto al comercio que se hace de cada una de sus armas que produce. 

En definitiva, no es una demanda contra el gobierno de Estados Unidos ni contra sus disposiciones constitucionales o contra los ciudadanos americanos. Es una demanda civil por daños contra las prácticas negligentes de particulares, en este caso los que fabrican armas”.

RESPUESTA DE FABRICANTES

Por separado, pero con los mismos argumentos, los  11 principales fabricantes estadunidenses de armas de fuego respondieron el 22 de noviembre a la demanda civil interpuesta por el gobierno de México en la Corte de Justicia de Massachusetts en la que los acusa de promover un “comercio negligente” y ello es causa de la violencia que producen grupos del crimen organizado en territorio nacional.

En sus alegatos, piden al juez desestimar la demanda debido a que México no aporta los elementos para demostrar que son responsables de forma directa de una presunta venta ilegal de sus armas ligeras fuera de Estados Unidos para uso delincuencial, además, aclaran que la Corte federal en Boston no es jurisdicción para dirimir este asunto en su contra.

Sturm, Ruger & Company, Inc. niega que como compañía sea “legalmente responsable del tráfico y uso criminal de armas de fuego por terceros remotos en México”, de igual modo “no se logra establecer el vínculo necesario entre Massachusetts y los reclamos del gobierno mexicano.

En consecuencia, la Corte debe admitir esta moción y desestimar sin perjuicio todas las reclamaciones contra Ruger por falta de jurisdicción personal específica”, se lee en el escrito enviado por el despacho del abogado Jonathan I. Handler.

Al respecto, el consejero jurídico de la Cancillería señala que, aunque estos argumentos ya se esperaban, no logran contrarrestar el fondo del litigio que es su falta de controles para evitar el comercio ilegal dentro y fuera de la Unión Americana en detrimento de la seguridad de otras naciones como es el caso de México.  

Anticipábamos esas respuestas, los señalamientos que hicieron, así responden a las demandas que enfrentan y le pusieron un elemento adicional que no es culpa de ellos, sino de México el que los mexicanos suframos violencia.

La instrucción (del canciller) es seguir adelante en términos de la robustez jurídica de los argumentos, pero también difundir la demanda, tenemos una campaña muy activa del contenido de la demanda y del tema del tráfico ilícito de armas. No podemos permitir que parezca que las armas son de generación espontánea o que sufrimos violencia por armas y sin preguntarnos de dónde provienen y ya lo estamos logrando, cada vez más mexicanos saben que estas armas vienen de manera ilícita”, sostuvo Alejandro Celorio.

RESOLUCIÓN DE ARMAS EN LA ONU

En este marco, el pasado 22 de diciembre México logró una histórica aprobación a la resolución 2616 que presentó en el  Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el que llama a los países en el mundo a realizar nuevos esfuerzos para combatir el tráfico y comercio ilegal de armas ligeras, que son causantes de la muerte de al menos 500 personas diariamente en el mundo.  

El embajador de México en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, explicó que la resolución, que además tuvo el respaldo de 70 países, refleja el sentir del Consejo de Seguridad en torno a que las armas pequeñas y ligeras plantean amenazas para la paz y la seguridad internacionales.

El diplomático recordó que las resoluciones del  Consejo de Seguridad son las únicas vinculantes, es decir, de carácter obligatorio para todos los países de la ONU, y, si alguien no las cumple, se hace sujeto de sanciones por parte del propio Consejo.

La resolución reconoce y fomenta actividades conjuntas y exige la cooperación regional por tierra, mar y aire para luchar contra el tráfico ilegal.

Adicionalmente, contempla la necesidad de que haya capacitación y formación del personal en aduanas y control de fronteras. Obliga a un mayor intercambio de información sobre presuntos traficantes y promueve mayor investigación sobre las rutas del dinero.