Organizaciones provapeo, no están de acuerdo con la iniciativa de AMLO

• El fundamento de esta iniciativa se encuentra en el derecho humano a la salud, consagrado en el artículo cuarto constitucional, que establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Además, se subraya la obligación del Estado de garantizar este derecho y de evitar que particulares, empresas y grupos delictivos afecten la salud de la población.

• A pesar de los esfuerzos previos del Gobierno Federal para restringir el acceso a estos dispositivos, como el decreto de 2020 que prohibía su importación y distribución, o el de 2022 que que prohíbe la venta de estos dispositivos; el mercado de vapeadores ha continuado su expansión.

• Esta iniciativa de reforma del gobierno surge en respuesta a los crecientes riesgos para la salud pública asociados con el uso de estos dispositivos. La iniciativa dice que, aunque en las etiquetas de los vapeadores se declara principalmente la presencia de saborizantes y nicotina, análisis realizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) han revelado la presencia de otras sustancias altamente tóxicas para el consumo humano, como veneno para ratas y cucarachas.

• En México, el problema se ha agravado, especialmente entre los jóvenes, debido a la publicidad masiva que promueve su uso, principalmente a través de las redes sociales. Según datos de 2022, cerca del 2.6% de la población adolescente y el 1.5% de las personas mayores de 20 años hicieron uso de estos dispositivos en lugar de los cigarros de tabaco. Además, las ventas de vapeadores y cigarros electrónicos han seguido en aumento, generando entre 3,000 y 5,000 millones de pesos al año, según estimaciones de la asociación civil Pro-Vapeo.

Organizaciones provapeo descalifican decreto de AMLO vs vapeadores y cigarros electrónicos

Organizaciones provapeo denuncian que el decreto del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por prohibir los vapeadores y cigarros electrónicos es incentivar el mercado negro e inconstitucional.

"El hecho que el presidente insista en sostener la prohibición y ahora proponer que se incluya en la constitución es un despropósito a otorgar garantías y derechos a los ciudadanos, lo que están haciendo es generar un mercado negro con todas las consecuencias de violencia", dijo Tomas O´Gorman, miembro fundador de la organización civil ProVapeo.

En entrevista señaló que la prohibición hoy en día ya existe sustentada en el decreto que se ha llegado a declarar inconstitucional en algunos amparos, de los cuales se acumulan unos 25, principalmente encabezados por la industria tabacalera que son Philip Morris, British American Tobacco y Japan Tobacco International; y grandes minoristas como Grupo Sanborns.

"El problema más grande es que el discurso es combatir a las grandes empresas tabacaleras, que supuestamente son las que están comercializando estos productos para enganchar a la juventud, y precisamente las tabacalera grandes de México, todas tienen amparo, junto con las tiendas de conveniencia, entonces a los únicos que terminan golpeando son a los pequeños empresarios que son los que medianamente pueden explicarle a la gente el funcionamiento de los dispositivos" consideró Juan José Cirión Lee, presidente de la organización México y el Mundo Vapeando.