La extracción de recursos dejan pobrezas e injusticias.

LOS ESTÁN DEJANDO SIN RECURSOS

• En más de tres décadas de operación, la Mina Tizapa, administrada por Industrias Peñoles, no ha generado beneficios tangibles para el municipio mexiquense donde se ubica. Sin embargo, las ganancias han sido significativas: entre 2022 y 2024, la empresa obtuvo alrededor de 5 mil millones de pesos por la extracción de metales como oro, plata, zinc y otros recursos. Esta riqueza se ha generado en un contexto en el que los trabajadores de la sección 219 del Sindicato Nacional Minero mantienen una huelga desde hace casi ocho meses.

Durante este periodo, la compañía —que se presenta como la mayor productora de plata a nivel mundial— ha rechazado entregar el 10 por ciento de utilidades a sus empleados, un derecho establecido por la Constitución.

La negativa a cumplir el contrato colectivo y la falta de mejoras en las condiciones de seguridad detonaron el paro iniciado el 30 de agosto de 2024.

Considerada la segunda minera más importante del país, Peñoles cerró el año con una valoración bursátil de 119 mil 744 millones de pesos, lo que representó un aumento del 70 por ciento respecto a 2023.

A pesar de ello, más de 300 trabajadores rotan turnos en los accesos a la mina bajo altas temperaturas, viviendo en campamentos improvisados y sin percibir salario.

Muchos de los huelguistas han manifestado su frustración por lo que consideran prácticas injustas de la empresa, y han destacado el respaldo que han recibido del líder sindical y legislador federal, Napoleón Gómez Urrutia.

En la mina subterránea, donde también se extraen cobre y plomo, laboran cerca de mil personas. Más de la mitad están afiliadas al Sindicato Nacional Minero, el cual ostenta la titularidad del contrato colectivo, como lo confirmó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Actualmente, unos cien trabajadores se encargan del mantenimiento del yacimiento, que tiene capacidad para procesar hasta 1.2 millones de toneladas de mineral.

NIEGAN UTILIDADES A TRABAJADORES

• En este municipio del sur del Estado de México, Eder Noé García Ramos, secretario general de la sección 219 del Sindicato Nacional Minero, explica que el conflicto laboral comenzó a raíz de la reforma a la Ley Federal del Trabajo en 2021. Esta reforma estableció un límite en el reparto de utilidades: los trabajadores pueden recibir un máximo equivalente a tres meses de salario o el promedio de lo que hayan recibido en los últimos tres años.

No obstante, García Ramos enfatiza que, a pesar de que la ley mantiene el principio de que las empresas deben repartir el 10 por ciento de sus utilidades gravables, Industrias Peñoles se niega a acatar tanto lo establecido por la legislación y la Constitución como lo acordado en 2020 a través de una comisión mixta conformada por trabajadores.   

Por su parte, Guillermo Vargas, secretario del trabajo del comité local, critica que la empresa busque afectar a los trabajadores, quienes anteriormente recibían alrededor de 160 mil pesos anuales por concepto de utilidades, pero ahora la compañía pretende reducir ese monto a 95 mil.

El consorcio, fundado por Alberto Baillères —fallecido en 2022—, registró utilidades por 2 mil 237 millones de pesos en 2022, 1,432 millones en 2023, y 1,416 millones tan solo en los primeros siete meses y medio de 2024, según información fiscal obtenida por una comisión de trabajadores.

Durante una entrevista en la entrada principal de la mina, donde ondea una bandera rojinegra, Vargas insiste en que los empleados deben recibir un pago justo, ya que existen excedentes, como los 79 millones de pesos en 2022 y 82 millones en 2023, que no han sido entregados.

Además, señala que otra violación al contrato colectivo es la contratación de personal externo por parte de la empresa, sin consultar ni respetar al Sindicato Nacional Minero.

FE PUESTA EN EU

• Acompañados por sus compañeros de lucha, los líderes sindicales locales señalan que no es la primera ocasión en la que Industrias Peñoles vulnera sus derechos laborales. En abril de 2024, la empresa ya había enfrentado una queja bajo el amparo del T-MEC, debido a su interferencia en asuntos sindicales y al despido injustificado de 12 trabajadores, quienes posteriormente fueron reinstalados.

Nahir Velasco, coordinador del área jurídica, informó que han recurrido nuevamente al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, y se espera que en los próximos días las autoridades estadounidenses decidan si inician una nueva investigación.

De confirmarse, la empresa podría enfrentar sanciones adicionales en sus exportaciones de concentrados de plomo, cobre y zinc, este último destinado a Japón.

Por su parte, García Ramos menciona que el contrato colectivo no ha sido actualizado desde 2021. Aunque hay un proceso pendiente para el periodo 2025-2027, la empresa se niega a sentarse a negociar, bajo el argumento de que no puede hacerlo mientras continúe la huelga.

Los trabajadores mantienen sus esperanzas en la próxima audiencia, prevista para inicios de mayo, en la que un juez federal deberá pronunciarse sobre la responsabilidad en el conflicto laboral.