Palabras secretario de Gobernación, al inicio de la reunión con el Gabinete de Seguridad ante la Comisión Bicameral

Buenos días senadores, diputados federales, secretaria. Pues, hasta aquí llegó la equidad de género en esta Comisión.

Ricardo, presidente de la Comisión Bicameral para la Evaluación y seguimiento de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública.

Quienes integramos el gabinete de Seguridad del Gobierno de la República, nos encontramos aquí esta mañana dando cumplimiento a un mandato constitucional establecido en el artículo 5o transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo del 2019.

Como es de su conocimiento, esta reforma fue aprobada en el Congreso de la Unión a finales del año pasado y modificó el decreto publicado en 2019, que daba como plazo para el regreso de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles, en marzo de 2024.

En la modificación de 2019 se fijaron plazos para la acción y desempeño de la Guardia Nacional y para la actuación de nuestra Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública; sin embargo, este plazo fue insuficiente.

El daño que gobiernos anteriores ocasionaron en el ámbito de la seguridad y el impacto de la corrupción en los distintos órdenes de gobierno, requería de un lapso más amplio y del compromiso y responsabilidad de todas las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas

Como lo hemos sostenido en diversos foros no era, ni es la intención militarizar al país. La intención es cumplir con eficacia y eficiencia un mandato dado por el pueblo, de acabar con el lastre de la inseguridad.

No hay institución mejor preparada, mejor capacitada, mejor organizada que nuestras Fuerzas Armadas para continuar la recuperación de los territorios que hoy están a merced de las organizaciones criminales o del crimen organizado.

En ese tenor, se diseñó la reforma al 5o transitorio, con el fin de otorgar una ampliación de nueve años para que el presidente de la República pueda disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública. En tanto, la Guardia Nacional desarrollará su estructura, capacidades e implantación territorial.

Con esta reforma, necesaria para poder concretar con éxito las acciones para pacificar al país y garantizar la seguridad, implantadas por este gobierno del cambio y la transformación, la Fuerza Armada no sustituirá a las autoridades civiles de ningún orden de gobierno, ni eximirá a dichas autoridades de su responsabilidad en materia de seguridad pública.

Derivado de la construcción de un consenso político, se acordó que las Fuerzas Armadas participaran en las tareas de seguridad pública en las entidades federativas de manera extraordinaria, regulada, cristalizada, subordinada y complementaria.

Extraordinaria, porque se constriñe a la autoridad civil solicitante a justificar de forma expresa la necesidad absoluta y la temporalidad.

Regulada, toda vez que deberá cumplir estrictamente con los principios enmarcados en nuestra Constitución, las leyes secundarias y los instrumentos internacionales.

Fiscalizada, acorde a la conformación de esta Comisión Bicameral de Evaluación y Seguimiento, ante la que ahora comparecemos como ejercicio real de revisión de cuentas y de equilibrio y control entre los Poderes de la Unión.

Subordinada y complementaria, es decir, las labores que desempeñe la Fuerza Armada permanente serán solo de apoyo y auxilio de las instituciones de seguridad pública y deberán tener un fundamento y una motivación.

En el tenor de la rendición de cuentas y la fiscalización, el Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral del desempeño de la Fuerza Armada, dicho informe deberá contener indicadores que sean cuantificables, así como verificables, que den pie a una evaluación de resultados obtenidos en el periodo reportado en materia de seguridad pública.

Asimismo, deberá corroborarse que en todo momento sean respetados los derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, para lo anterior se conformó esta Comisión Bicameral ante la que estamos presentes los titulares de la Secretaría de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Marina.

En este ejercicio de control constitucional que deriva en la transparencia, la fiscalización al trabajo realizado por las Fuerza Armada permanente y la rendición de cuentas es que nos encontramos en este foro con la mejor disposición y con la mayor de las aperturas para tener un diálogo que construya y edifique, que permita mejorar nuestro desempeño y transitar ante la anhelada pacificación de cada uno de los territorios de este país, tan lastimado por la inseguridad.

Acudimos con la mayor disposición a esta convocatoria emitida por la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, en el entendido de que el pasado 25 de mayo se aprobaron en su seno los indicadores para la evaluación del informe semestral que remitió el titular del Poder Ejecutivo.

Contrario a lo que se ha expresado, para nosotros las víctimas de la delincuencia no son daños colaterales. En la estrategia de seguridad del gobierno federal se prioriza la vida y la paz, por encima de los operativos espectaculares con los que conseguir medallas. Sabemos que con astucia e inteligencia podemos ser más eficaces combatiendo la criminalidad.

No quiero dejar de señalar que la ineficiencia del Poder Judicial, que deja una gran parte de los delitos cometidos sin castigo, continúa siendo un profundo lastre para acabar con la impunidad y la inseguridad, por lo que debemos avanzar todos en la limpieza urgente que ese Poder necesita para funcionar correctamente, solo así el pueblo de México volverá a confiar en los jueces y en la justicia.

Sea pues, el inicio con esta primera comparecencia, de una retroalimentación que permita apuntalar las labores de seguridad no sólo de las Fuerza Armada permanente, sino de todas las instituciones de seguridad de las entidades federativas, quienes también deberán ser evaluadas, sobre todo en capacitación y equipamiento.

Podemos tener diferencias que, además son válidas, como lo hemos repetido en otras ocasiones, la tarea de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública está desprovista de todo calificativo político, con lo que estamos ciertos de que este diálogo nos llevará a buen puerto y mejores resultados.

Quedamos atentos a sus consideraciones.

Muchas gracias.