Critica AMLO decisión de la SCJN de quitar prisión preventiva en delitos fiscales
Señaló que la justicia no debe estar a servicio del dinero y aseguró que espera que la decisión sea reconsiderada
Andrés Manuel López Obrador criticó el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de eliminar la prisión preventiva en delitos fiscales. "No se actuó bien, se castiga a quienes no tienen con suficiente dinero para comprar su inocencia. Con esta decisión, ahora son los fifís no pueden ir a la cárcel", señaló AMLO durante la conferencia de prensa matutina del 26 de octubre de 2021.
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Sin embargo, AMLO aseguró que se respetará la decisión de la Suprema Corte, esperando se reconsidere el fallo. "Todavía es tiempo para reformar el poder judicial, que lo hagan ellos mismos. Pero estas decisiones no ayudan al poder judicial. Porque no actúan así cuando se trata de hacerle justicia al pueblo", explicó AMLO. Además señaló que Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte, sigue teniendo su confianza para transformar el poder judicial, pues sus distintos puntos de vista aportan a la pluralidad.
Durante el 25 de octubre de 2021, la Suprema Corte declaró inconstitucional castigar con prisión preventiva oficiosa los delitos fiscales y declarar como delito contra la seguridad nacional el contrabando, defraudación fiscal y el uso de facturas falsas. El presidente de la SCJN señaló que l a prisión preventiva oficiosa viola los derechos humanos de los presuntos delincuentes. La decisión de la Suprema Corte se dio después de una votación de ocho a favor y solos dos en contra, promovido por diversos senadores y la Comisión nacional de los derechos humanos (CNDH).
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En el Código penal federal se indica, en el artículo 386, que el delito de fraude se castiga con prisión de tres días a seis meses o de 30 a 180 días multa, cuando el valor de lo defraudado no exceda diez veces el salario. Prisión de seis meses a tres años y multa de 10 a 100 veces el salario cuando el valor excediera de 10, pero no de 500 veces el salario. Y prisión de tres a 12 años y multa de hasta 120 veces el salario, si el valor de lo defraudado es mayor de 500 veces el salario.
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