De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco (SSPC) obtenida mediante una solicitud de transparencia, en Tabasco hay un total de 4 mil 542 personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios del estado, de los cuales, mil 303 están en prisión preventiva, es decir, sin sentencia. De esa población, unas 205 personas son mujeres y el resto, hombres.

Los datos, con corte al pasado 5 de septiembre, implican que casi uno de cada tres reclusos en Tabasco está privado de su libertad sin que se les haya demostrado la culpabilidad del delito que se les imputa, procedimiento que se lleva a cabo de manera oficiosa en todos los delitos considerados en el artículo 19 de la Constitución. 

Estos son:

• Abuso o violencia sexual contra menores
• Delincuencia organizada
• Homicidio doloso
• Feminicidio
• Violación
• Secuestro
• Trata de personas
• Robo de casa habitación
• Uso de programas sociales con fines electorales
• Corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones
• Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades
• Delitos en materia de hidrocarburos o petroquímicos
• Delitos en materia de desaparición forzada de personas
• Desaparición cometida por particulares
• Delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos
• Delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves contra la seguridad nacional, el libre desarrollo de la personalidad y la salud. 

SOBREPOBLACIÓN Y SIN EL VISTO BUENO

Al respecto, datos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) señalaron que, al cierre de 2021, Tabasco tenía una sobrepoblación del 40 por ciento en sus centros penitenciarios, que son 9, entre ellos, uno especializado en el internamiento de menores infractores. 

De acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el año pasado se ejercieron 331 millones de pesos en la operación de estos centros penitenciarios, de los cuales ninguno ha logrado certificar sus instalaciones por parte de autoridades o asociaciones promotoras de derechos humanos, como la Asociación de Correccionales de América (ACA). 

Cabe mencionar que, en el periodo de diciembre de 2020 a noviembre de 2021, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió a las autoridades de la SSPC al menos 5 señalamientos por imponer castigos indebidos a reclusos o internos, otros 3 por trasladarlos injustificadamente, dos por realizarles cobros indebidos y uno por incumplir sus derechos de vestido, alimentación o educación.