En representación del gobernador Adán Augusto López Hernández, destacó la importancia de los trabajos de la Conferencia Nacional, ante la necesidad de facilitar la cooperación y coordinación institucional para recuperar el verdadero sentido de la reinserción social basada en el respeto a los derechos humanos.
Acompañado por el secretario ejecutivo de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, Raymundo Huerta Beltrán, y Sarahí Peña Galaviz, coordinadora regional Sureste de la conferencia, José Antonio de la Vega Asmitia, señaló que el incremento exponencial de la violencia y la inseguridad en el país, así como la puesta en marcha del nuevo Sistema Oral Adversarial Penal, han exigido un gran esfuerzo de profesionalización de las fuerzas del orden y de las autoridades encargadas de la impartición de justicia.
No obstante, indicó que este proceso de adaptación, en situaciones extremas y muy complejas, no ha sido fácil para el sistema penitenciario, ya que se observa que los reclusorios se mantienen saturados y su población –de la cual un alto porcentaje se encuentra sin sentencia- vive en un ambiente de hacinamiento, ocio y de vicios.
“Por eso, el combate a la corrupción es una de las prioridades esenciales del Presidente de México (Andrés Manuel López Obrador), y en el caso que nos ocupa, ha expresado su voluntad de limpiar el Sistema Penitenciario con la Ley de Amnistía, publicada el 22 de abril del 2020 en el Diario Oficial de la Federación y el reciente decreto que establece la liberación inmediata de los detenidos por más de 10 años sin sentencia, a los adultos mayores de más de 75 años que no hayan cometido delitos graves, a los adultos mayores de 65 años con una enfermedad crónico degenerativa y sin delito grave y los que hayan sufrido un tipo de tortura, de acuerdo al Protocolo de Estambul”, detalló.
En presencia del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Hernán Bermúdez Requena, José Antonio de la Vega destacó que a través de la gestión del gobernador Adán Augusto López Hernández, se logró obtener en comodato el Reclusorio Federal Número 6 del Sureste (ubicado en Estación Chontalpa, Huimanguillo), con el propósito de cumplir con la recomendación 10/2020 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de reubicar a la población penitenciaria femenina, misma que representa el 4.7 por ciento, 201 mujeres de 4 mil 321 internos.
“Este logro sin duda, también nos va a ayudar a reducir mucho la sobrepoblación que actualmente nos afecta”, remarcó el secretario de Gobierno.
Agregó que desde el inicio de la pandemia del COVID-19, el Gobierno del Estado tomó las medidas sanitarias preventivas en los ocho centros de reinserción social de Tabasco, por lo que actualmente no se tiene ningún caso de contagio registrado y el 54 por ciento de la población interna ya fue vacunada.
“En este gobierno continuaremos velando porque la dignidad humana sea un factor central en la readaptación social y en el trato que se les brinda por parte de las autoridades penitenciarias”, garantizó el responsable de la política interna del Estado.
Por su parte Raymundo Huerta Beltrán, en representación del presidente de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, José Ángel Ávila, señaló que los trabajos que se realizarán en Tabasco, permitirán compartir, evaluar y recopilar experiencias, y los casos de éxito de los sistemas penitenciarios del país, para presentarlas en la próxima sesión a nivel nacional en noviembre.
Enfatizó la labor que han realizado los sistemas penitenciarios en el transcurso de la pandemia, al haber implementado mecanismos para el cuidado de la salud física y mental de las personas privadas de la libertad, salvaguardando siempre la integridad y los derechos humanos.
“Sin duda, un reto importante fue la restricción de las visitas en esta época, el saber implementar y desarrollar el uso de la tecnología, por ejemplo, para poder palear esa falta de contacto que tenían los internos con sus familias, no fue nada fácil”, reconoció.
En este sentido, Huerta Beltrán valoró los esfuerzos para la atención de la contingencia sanitaria al interior de los centros penitenciarios, teniendo como prioridad la preservación de la vida y de la salud de los custodios, del personal administrativo, jurídico y técnico.
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