Centro, Cárdenas y Huimanguillo, son los municipios donde se registra el mayor número de casos de violencia de género y en Tabasco, ya se han aplicado sanciones hasta de parte de las autoridades electorales, por violentar a las mujeres.
Cabe mencionar que la violencia de género, ha sido y sigue siendo una de las manifestaciones más claras de la desigualdad, subordinación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres y en este sentido, en cuanto a violencia de género este año se han presentado dos denuncias en materia política.
Pese a que que la entidad se encuentra por debajo de la media nacional en cuanto a violencia de género de acuerdo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel nacional, la titular del Instituto Estatal de la Mujer (IEM), Nelly Vargas Pérez comentó que se han atendido en lo que va de la pandemia del Covid-19, más de siete mil mujeres, los cuales de manera trimestral han ido a la baja en un 52 por ciento, aunque aún falta que hacer algunos esfuerzos.
Señaló que de esta cifra, algunos casos derivaron en denuncia y otros quedan dentro del instituto que es apoyo jurídico y psicológico, aunque seguimos apoyándolos en su proceso.
Recordó que Tabasco se ubica por debajo de la media nacional en violencia de género, además de que en el ranking estatal los municipios más poblados encabezan los tres primeros lugares, que son Centro, Cárdenas y Huimanguillo.
“Tenemos 100 municipios a nivel nacional dónde Tabasco figura con tres de sus 17 municipios, los cuales son Centro, Cárdenas y Huimanguillo, por ser los más poblados, es donde se registra el mayor número de casos y ahí se refuerzan aún más los trabajos”, dijo.
Así también, refirió que la violencia de género cuenta con un violento metro, para identificar el tipo de violencia y el grado del mismo, el cual pueden sufrir las mujeres.
DOS CASOS EN 2020, DE VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO
Al respecto, la integrante de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), Roselvy del Carmen Rodríguez Arévalo, refirió que la política en Tabasco no está exenta de este tipo de problema y delito de acuerdo a la ley, por lo cual en el estado enceste año se han detectado dos casos de violencia política de género.
Comentó que Tabasco se sitúa por debajo de la media nacional en casos de este delito, en comparación con estados del centro y norte del país y durante el proceso electoral pasado del 2017-2018 se presentaron siete denuncias de violencia política de género, la cual no se tenía las sanciones definida por la ley, pues estás sanciones quedaron aprobadas en este 2020, aunque se busco tener una sanción administrativa.
Sobre los casos actuales del 2020, uno fue violencia política en contra de una delegada municipal en el municipio de Cunduacán, donde se sancionó al ayuntamiento, en este caso a la alcaldesa, Nydia Naranjo, el segundo caso que está en dependencias jurisdicionales es un caso por el mismo delito, pero ahora en el ayuntamiento de Centro.
“En este año con la sanciones de violencia política contra las mujeres se determinó una sanción en contra del ayuntamiento de Cunduacán en el mes de abril, más o menos, y el actual en el caso de Centro que sigue en tribunales, pero se confirmó en Cunduacán obstrucción del cargo contra una delegada y el de Centro es en contra de una diputada”, dijo.
Hay que recordar que el pasado 13 de abril de 2020, el titular del Poder Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), diversas reformas de ley que sentarán las bases jurídicas para definir y regular la violencia política en razón
de género.
Se trata de modificaciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; de la Ley General de Partidos Políticos; de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Desde el año 2014, que se dio la reforma electoral en materia de paridad, esta sinergia llevó a un grupo de legisladoras a impulsar diversas iniciativas sobre violencia política en razón de género, aunque por algunos años estuvieron en la “congeladora”, finalmente fueron avaladas y son aplicables para el
proceso electoral en curso.
El artículo 20 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, señala que la violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.
En paralelo, en octubre pasado el Consejo General del INE aprobó lineamientos para prevenir la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Este acuerdo, busca proteger los derechos de mujeres dirigentes, representantes, militantes o afiliadas, simpatizantes, precandidatas, candidatas postuladas por partidos políticos o a través de coaliciones, así como a cualquier mujer que desempeñe un empleo, cargo, comisión o sea postulada por un partido político.
En este sentido, los partidos políticos, deberán conocer, investigar, sancionar, reparar y erradicar las conductas que constituyan violencia política de género, además, deberán, facilitar la presentación y recepción de denuncias sobre conductas que puedan constituir esta práctica; crear órganos de justicia intrapartidarios e integrarlos de manera paritaria y determinar un órgano encargado de proporcionar asesoría a las víctimas.
Los aspirantes a una candidatura firmarán un formato, bajo protesta de decir verdad, donde se establezca que no se han encontrado bajo condena o sanción relacionadas a los siguientes tres supuestos: violencia familiar o doméstica; delitos sexuales y deudor alimentario.