Por unanimidad en el Congreso del Estado se aprobó la Ley Ingrid, con la que se castigará con dos a seis años de cárcel a la persona servidora pública que de manera irregular difunda imágenes, audios, videos y documentos relacionados con el proceso penal o de investigación de mujeres víctimas de homicidio o feminicidio.
Durante la segunda sesión en el recinto legislativo, con 35 votos a favor, se avaló el dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la Frontera Sur; y de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil, donde se adiciona el artículo 285 Bis al Código Penal para el Estado de Tabasco, para tipificar la difusión de imágenes sensibles de mujeres víctimas de homicidio o feminicidio, donde incluso, también se contemplan multas de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
En este sentido, las cinco fracciones parlamentarias reconocieron que la Ley Ingrid era una necesidad en el Estado y por lo tanto, votaron a favor de dicha propuesta.
Con esto, también busca fortalecer la protección de los derechos de las víctimas, así como combatir la violencia de género mediática.
Cabe mencionar que fue el presidente de la Mesa Directiva, Emilio Contreras Martínez de Escobar, fue el encargado de leer el resolutivo.
Al respecto, la promotora de la iniciativa, la diputada de Morena, Diana Rodríguez Morales, resaltó que esta ley busca erradicar una práctica que revictimiza a las mujeres cuando son asesinadas.
Además, puntualizó que esta ley, es una respuesta a la violencia contra los seres humanos, en especial contra mujeres y niños.
“Esta reforma, nace debido al círculo de violencia, servidores públicos y amarillismo. Cuántas veces hemos visto en los periódicos y medios impresos fotografías de hechos delictivos sangrientos, con títulos despectivos, fotografías proporcionadas, en muchos casos, por servidores públicos, que son los primeros en llegar a estas escenas y después las venden o las filtran”, subrayó.
Es necesario remarcar que esta norma establece que la sanción aplicará para la persona servidora pública que, de forma indebida, difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información reservada, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con un procedimiento penal o con una investigación de hechos delictivos.
También, refiere que las sanciones previstas aumentarán en una tercera parte si la información que se difunda sea con el fin de menoscabar la dignidad de las víctimas o de sus familiares, se trate de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes o se refiera a las circunstancias de su muerte, de las lesiones o del estado de salud de la víctima.
Al respecto, la diputada morenista, Karla Garrido Perera, sostuvo que esta reforma, conocida como “Ley Ingrid” ayudará a cuidar la dignidad de las víctimas de feminicidio y además protegerá la integridad de las familias, para que no haya una revictimización.
Comentó que se abonará a cuidar la dignidad de las víctimas de feminicidio.
VIGILAR CASAS DE EMPEÑO
En otros temas, durante la sesión que se llevó a cabo ayer en el Congreso del Estado, también se avaló un punto de acuerdo para que se solicite a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y a la Oficina de la Defensa del Consumidor, (ODECO), que vigile que las casas de empeño no abusen de los pignorantes y, en especial, les devuelvan las demasías que se producen con la venta de sus prendas.
Aunado a esto, se le dio entrada a la iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidad Patrimonial, turnada por el gobernador Carlos Manuel Merino Campos para su análisis en el Legislativo.