Por no demostrar los gastos a comprobar y tampoco evidenciar los depósitos de pagos de rentas de inmuebles para la jornada electoral, el Organo Superior de Fiscalización en el Estado (OSFE) observó hasta por más de medio millón de pesos a la administración del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Tabasco que encabeza la aun presidenta Maday Merino Damian.
De acuerdo a la información a la cual tuvo acceso el Sistema Informativo de Tabasco (SIT), los auditores detectaron irregularidades en el manejo presupuestal de 2020 en este órgano autónomo por alrededor de 671 mil 968 pesos.
Las irregularidades por las cuales llamaron al director de administración del IEPC, Juan Manuel Segura, se evocan principalmente en dos rubros el importe de 469 mil 725 pesos con 43 centavos, por saldos con una antigüedad mayor a 365 días, los cuales provienen del ejercicio fiscal 2018, 2019 y que a la fecha no han sido recuperados o depurados.
El OSFE remitió al IEPC Tabasco, la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares para que procedan a solventar el hallazgo.
Esto mediante el oficio número D.E.A/1670/2021 de fecha 02 de agosto de 2021, signado por el Juan Manuel Segura Guzmán, Director Ejecutivo de Administración, envían pólizas de diario, fichas de depósitos y transferencias electrónicas debidamente certificadas reintegran únicamente la cantidad de 38 mil 060 pesos con 61 centavos por lo que la observación no se solventa.
Asimismo, por arrendamientos de bienes inmuebles y otros depósitos en garantías por servicios, se determinó que existen saldos por recuperar con una antigüedad mayor a 365 días por la cantidad de 328 mil 643 pesos con 41 centavos que provienen de ejercicios anteriores y que a la fecha no han sido depurados.
Es necesario externar que serán los diputados de la nueva legislatura, el cual iniciará funciones el próximo 5 de septiembre, quienes revisarán y calificarán los ejercicios fiscales, a través de la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública.
El titular del OSFE, Alejandro Álvarez González explicó que a partir de la entrega de los dictámenes técnicos al Congreso, tienen 15 días hábiles para notificar a los entes públicos y ellos a su vez tendrán 30 días más para solventar. Después de ese plazo el ente fiscalizador tendrá 120 días para emitir un pronunciamiento sobre si quedó solventada o no la observación.
¿NEPOTISMO EN EL IEPC?
Aunado a esto, los consejeros electorales han hecho señalamientos para que se indague si hay nepotismo al interior del órgano electoral. Tal fue el caso del consejero del IEPC, Vladimir Hernández Venegas, quien solicitó se presente una denuncia ante la Contraloría Interna para que se investigue si hay familiares que de manera irregular estén laborando o sólo cobrando en el organismo.
Cabe mencionar que se han hecho señalamientos de que hay parientes de directores de área e incluso parejas sentimentales que estarían recibiendo salarios injustificados, lo que a decir de Hernández Venegas ‘mancha’ al organismo.
Por ello, Hernández Venegas, mencionó que también se señala que el proceso electoral se usó de pretexto para inflar la nómina, lo que tiene que aclararse.
Ante tal situación, se deslindó de esa situación y destacó que es necesario que se investigue qué está ocurriendo, para lo que se tendría que analizar las fichas de los trabajadores.
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