En seis años la administración de Arturo Núñez Jiménez incurrió en irregularidades por 11 mil 365 millones de pesos, señaladas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por lo que se arranca el año con severas denuncias contra los presuntos responsables.
Las principales anomalías detectadas por los entes auditores corresponden a Salud, Educación y Finanzas, y a la fecha se han confirmado tres denuncias en el ámbito estatal y al menos 40 carpetas de investigación abiertas en el plano federal, estas última no sólo por las anomalías cometidas por áreas de gobierno sino también por instituciones educativas relacionadas con la “Estafa Maestra”.
Sólo la ASF determinó un monto pendiente por solventar desde 2013 y hasta 2018 de 6 mil 339 millones de pesos (en números redondos), una cifra que casi duplica las observaciones contra el priista Andrés Granier Melo, quien dejó sin aclarar 3 mil 277 millones de pesos tras su salida en 2012.
Y de acuerdo a los dictámenes de cuenta pública emitidos por el Poder Legislativo y al informe de resultados de los ejercicios presupuestales del sexenio pasado, elaborados por el OSFE, Núñez Jiménez incurrió en anomalías en el plano local por 5 mil 26 millones 566 mil pesos.
En ese contexto, a cuenta gotas caen las denuncias en Tabasco, porque los señalados tienen hasta 7 años en caso de procedimientos administrativos para solventar irregularidades millonarias lo que les permite retardarlas o evadirlas alcanzándoles el tiempo para postularse a otros cargos de elección.
Así lo consideró el integrante del Colegio de Abogados Tabasqueños, Sergio Antonio Reyes Ramos, quien informó que en la entidad se castiga con mayor severidad el abigeato que delitos como el peculado que cometen directamente funcionarios públicos.
“Una cosa es la cuestión administrativa y otra cosa es que se haya cometido un delito y es la obligación darle vista al ministerio público y abrir la carpeta de investigación. Algo que es muy frecuente en las cuentas públicas es que se detectan facturas apócrifas o alteradas, ahí hay un delito aunque se desahogue un procedimiento administrativo, la obligación es dar vista al ministerio público”, expuso.
Y agregó que lamentablemente en Tabasco la pena máxima por peculado es de 8 años, que es una conducta que no es sancionada con severidad y que es necesario reformar, para que los funcionarios se abstengan de robar.
HAY DENUNCIAS, PERO AÚN NO HAY ENCARCELADOS
En el segundo semestre del año la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó las primeras dos denuncias para investigar a Núñez Jiménez y a su esposa, Martha Lilia López Aguilera, quien se desempeñó como titular del sistema DIF de Tabasco, organismo que sólo en 2018 ejerció un presupuesto de casi mil millones de pesos.
La primera de ellas fue presentada en conjunto dos legisladores del PRI y el PVEM en el Congreso del Estado. En tanto que, la segunda y más reciente, corresponde a la que fue presentada exclusivamente por integrantes de la fracción parlamentaria del tricolor ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Y en su reciente comparecencia ante el Congreso de Tabasco, el titular de la Secretaría de la Función Pública, Jaime Antonio Farías Mora, sólo en Salud fueron observados mil 359 millones de pesos que no pudieron ser solventados en 2018, pero las demandas aún están en estudio.
Pero aseguró que por otros procesos de auditoria se han puesto al menos 3 denuncias formales con un monto total observado de 246 millones 369 mil pesos, contra el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC) que encabezó Juan José Martínez Pérez, la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) con Alejandro de la Fuente Godínez y el Colegio de Bachilleres de Tabasco (Cobatab), en el período de Adriana Balcázar.
De acuerdo a los datos de la SFP al 30 de septiembre pasado iniciaron un total de 103 auditorías al ejercicio fiscal 2018, de las cuales 36 se encuentran concluidas y 67 en proceso, el importe preliminar de la muestra auditada es de 15 mil 513 millones de pesos, que corresponden a 82 programas ejecutados por 60 entes públicos estatales y municipales.
De las 36 auditorías terminadas, 21 se realizaron en coordinación con la Secretaría de la Función Pública Federal, 4 por la Auditoría Superior de la Federación, 1 por un despacho externo y 10 por personal de la propia Secretaría de la Función Pública del Estado.