La presidenta de la Primera Comisión Inspectora en el Congreso del Estado, Juana María Esther Álvarez Hernández exhortó al Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), Alejandro Álvarez González, para que informe al parlamento el estatus que guardan las denuncias y demandas interpuestas ante las instancias competentes, así como de los procedimientos que hayan sido iniciados por daños a la hacienda pública, como resultado de las auditorías practicadas a las cuentas públicas del Ejercicio fiscal 2018.
Ante la poca información que existe sobre los resultados de dichas auditorías y específicamente las demandas interpuestas, la legisladora precisó que es necesario que el fiscal mayor informe sobre los avances en las investigaciones y las demandas que se han hecho específicamente en contra del gobierno que encabezó Arturo Núñez Jiménez.
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Recordó que el Órgano Superior de Fiscalización tiene capacidad plena para ejercer las facultades que le otorga la Constitución, de investigar los casos de corrupción que detecte durante el ejercicio de sus funciones e integrar los expedientes que, en su caso, deban ser presentados ante el Tribunal de Justicia Administrativa o el Poder Judicial.
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco (OSFE), es un ente público de naturaleza desconcentrada, que se encarga especialmente de revisar y fiscalizar las acciones de los poderes del Estado, Municipios y demás entes Públicos locales, en materia de fondos, recursos locales y deuda pública.
“En estricto apego a las facultades conferidas, como todos sabemos el pasado día 4 de noviembre de 2019 en Sesión Plenaria, la Comisión Inspectora de Hacienda, Primera, reprobó las Cuenta Públicas del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, debido a que, en las revisiones efectuadas a dichos entes se determinaron recurrentes observaciones y debilidades con el incumplimiento de la normatividad y deficiencias de control interno”, sostuvo.
Por último, acotó que ante una sociedad tabasqueña que exige de sus autoridades, transparencia y la rendición de cuentas como derechos del ciudadano y todos los servidores públicos.