Los huérfanos del feminicidio y sus familias enfrentan solos el golpe de quedarse sin padres, sin tratamiento psicológico y sin dinero, invisibles ante el Estado.
El artículo 83 de la Ley de Atención a Víctimas precisa que, para ser reconocido como tal, debe existir la determinación de un juez, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Derechos Humanos o el Ministerio Público. Un camino burocrático que deben sortear en medio del dolor, del duelo y la incertidumbre.
Personas de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes admiten que si el Ministerio Público no pide su intervención, no participan, de tal forma que sólo son requeridos cuando no hay familiares o los menores están en riesgo.
“Cuando tenemos a un niño en representación, se le hacen las visitas correspondientes. Se le brinda atención psicológica a quien lo necesite, cuestiones personales y su plan de vida. Las opciones que tiene, dónde tienen diversas actividades. Algunos aprenden oficios”.
Ni en el Hogar Cabañas ni en la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, se sigue algún caso de huérfano por feminicidio.