El pleno del Consejo de la Judicatura aprobó de manera unánime la incorporación de la materia de derechos humanos e igualdad de género en los programas de especialidades, maestrías y doctorados del Centro de Especialización Judicial, que actualmente cursan 80 alumnos.
El presidente de la institución, el magistrado Enrique Priego Oropeza, recordó que el Poder Judicial inició desde 2019 un profundo proceso de transformación para garantizar el acceso a la justicia, respeto a derechos humanos e impartición de justicia sensible a las inquietudes de los justiciables, con lo que esta determinación abona al cumplimiento de ese objetivo.
Subrayó que este ambicioso proceso de transformación conlleva implementar mejoras en la formación, capacitación y actualización de conocimientos del personal jurisdiccional y administrativo, así como los integrantes del foro jurídico y otras instituciones con interés en incorporarse a las maestrías y doctorados del Centro de Especialización.
Indicó que de esta manera la institución está dando cumplimiento a estándares que establece la normatividad nacional e internacional en materia de igualdad de género y derechos humanos, además de compromisos contraídos el 28 de octubre de 2016, cuando el Poder Judicial se adhirió al Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México.
La directora del Centro de Especialización Judicial, Consuelo Rivera Hernández, explicó que una vez emitido el acuerdo del Consejo de la Judicatura se procederá a hacer la propuesta de modificación de la currícula de maestrías y doctorados ante la Secretaría de Educación de Tabasco que otorgó los reconocimientos de validez oficial a los estudios cursados en el centro de capacitación del Poder Judicial. La Secretaría de Educación sesionará posteriormente para dar a conocer su veredicto.
No obstante, aclaró que el tema de derechos humanos no está ausente en el plan de estudios del centro de especialización que imparte el Doctorado en Derecho Judicial, las maestrías en Derecho Judicial y en Medios Alternos de Resolución de Conflictos, así como la especialidad en Justicia para Adolescentes que iniciará clases a su primera generación el 27 de agosto próximo.
La propuesta aprobada por el Consejo de la Judicatura surgió de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia, a cargo de Irma Salazar Méndez, debido a que “la educación es un instrumento clave para garantizar justicia y cohesión social”.
Es crucial formar un nuevo perfil judicial para dar eficiencia al desempeño de los servidores públicos y en general, de los operadores jurídicos, y promover la protección de los derechos Humanos y la igualdad de género, comentó Salazar Méndez, quien agregó que una de las tareas prioritarias en este rubro es erradicar la discriminación por razones de género, por tal motivo se necesita de acciones transversales para eliminarla.
Dijo que juzgar con perspectiva de género es una obligación constitucional de jueces y juezas de manera que garanticen la no discriminación cuando analizan los expedientes de los justiciables, y comentó que es menester que los juzgadores tengan conocimientos sobre perspectiva de género puesto que cualquier caso puede tener un componente relevante de discriminación y debe atenderse con las reglas y protocolos que marcan tratados y convenciones en materia de derechos humanos signados por el Estado mexicano.