Derivado de las investigaciones que realiza la Secretaría de la Función Pública (SPF) respecto a la “Estafa Maestra”, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló las cuentas bancarias de la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH).
Lo anterior, fue dado a conocer por la institución a través de un comunicado, donde señala que la disposición tomada por las autoridades hacendarias tienen que ver con la investigación que se realiza sobre el caso de presunta corrupción.
Además, refirió que no están en condiciones de realizar el pago de nómina y lista de raya correspondiente a esta quincena al personal que ahí labora, sin embargo, la actual administración de la universidad está haciendo las acciones y gestiones necesarias ante las instancias competentes para atender dicho tema y a la brevedad estar en condiciones de realizar los pagos correspondientes a salarios y demás prestaciones.
Ante tal situación, la institución pidió comprensión a todo el personal, por la determinación de la SHCP.
Cabe recordar que la SFP ha señalado que la UPCH incurrió en irregularidades al subcontratar a terceros para realizar trabajos para Petróleos Mexicanos (Pemex), pues el acuerdo con Exploración y Producción para realizar servicios en materia de asistencia técnica de producción y perforación de pozos así lo prohibía.
El contrato rebasó el monto máximo de 140 millones de pesos y los trabajos costaron 45 millones.
Es necesario señalar que en 2017 salió a la luz una de las investigaciones periodísticas más ambiciosas de la historia reciente de México conocida como la Estafa Maestra, misma que ahora vuelve a la coyuntura nacional tras la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) para abrir proceso a una de las presuntas implicadas: Rosario Robles.
La Estafa Maestra reveló que el gobierno federal utilizó 186 compañías para desviar siete mil 670 millones de pesos en contratos que violaron la Ley General de Adquisiciones, mismos que fueron reportados en las Cuentas Públicas correspondientes a 2013 y 2014, pero entregados a empresas fantasma.
En el desvío habrían participado directamente 11 dependencias federales y la modalidad que se usó fue que pagaron a universidades para contratar supuestos servicios y estas, a cambio de una comisión de mil millones de pesos, entregaron ese dinero a empresas fantasmas e ilegales.
Dos de las dependencias involucradas son: la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en el periodo a cargo de Rosario Robles; Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), con
Alfredo del Mazo.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) en el periodo de Emilio Chuayffet; Petróleos Mexicanos (Pemex) con Juan José Suárez y Felipe Calderón como presidente de la República, y continuaron en la gestión de Emilio Lozoya, así como el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), en la administración de José Reyes Baeza, entre otras.
Actualmente, la Auditoría Superior cuenta con 32 denuncias penales ante la Fiscalía de Delitos contra la Administración de Justicia, en contra de la Sedesol y Sedatu, así como contra universidades públicas por su actividad irregular de 2014 y hasta 2019.
Cuando Rosario Robles pasó a la Sedatu, el esquema se repitió con otras universidades, según en el ejercicio de 2016.
El grueso de los contratos fue asignado por la Sedesol, Pemex y Banobras, aunque se comprobó también la participación de ocho dependencias más.