Tabasco: Centros integradores que beneficiaron al desarrollo del estado

Una estrategia de desarrollo regional que en Tabasco probó su eficacia fue la identificación y puesta en operación de Centros Integradores, como nodos para la articulación focalizada de las acciones que los tres órdenes de gobierno despliegan en la última instancia de ejecución: una localidad, un conjunto de localidades, un área o una región. 

El antecedente se remonta a los estudios que sobre el territorio nacional realizó el Gobierno Federal para identificar un sistema de ciudades intermedias que aportara equilibrio a las acciones que se despliegan entre ciudad y el campo, y que a todas luces estaba generando hacia 1980-82 un desbalance urbano en detrimento de lo rural en diversas dimensiones: población, producción, arraigo local, cultura.

Para el Gobierno de Tabasco que inició en 1983, la experiencia y estudios previos en la materia habían detonado un interés especial, pues los Centros Integradores los tomaría como un instrumento de desarrollo, de combate a la marginación y a la pobreza, de integración territorial y de medio de comunicación para no romper con los procesos culturales comunitarios que estaban siendo afectados por el crecimiento urbano.

Si en Tabasco impulsar los procesos que ya había identificado el Gobierno 1983-88 era una tarea de por sí mayúscula, el reto se complicaba cuando había que incidir en las casi 2 mil 500 comunidades del Estado con atención al ser humano en condiciones de desventaja, ya sea de marginación, de pobreza o de oportunidades y de impulso a la producción, al arraigo comunitario y al desarrollo.

• Organización y participación social. 

Problemas crecientes y recursos decrecientes de los gobiernos.

Incapacidad presupuestal para llevar respuestas a 2 mil 500 comunidades dispersas.

Reconocer que lo urbano no tiene futuro si no está asociado a lo rural como dimensión de la producción primaria y de sus potencialidades para generar su propio bienestar.

La columna vertebral del desarrollo regional se ató al impulso de Centros Integradores como estrategia de desarrollo local y comunitario, útil para reducir las brechas de desigualdad entre la ciudad y el campo, entre oportunidades y marginación, entre pobreza y riqueza.

Necesaria para impulsar la producción del campo y detonar el arraigo a la localidad por las condiciones de bienestar y desarrollo comunitario.

Esa estrategia de desarrollo, después de años de aplicación en la década de los 80, por su impacto en todos los indicadores sociales de pobreza, marginación, vectores de salud, morbilidad, mortalidad, alimentación, integración territorial, comunicaciones e impacto en la cultura, es recordada de manera positiva por administradores públicos, académicos, investigadores, líderes comunitarios y medios de comunicación.

Después de 33 años las comunidades mantienen la identidad y el método de trabajo de los Centros Integradores que han generado una cultura propia en la que es posible apoyarse para que nuevas administraciones sean corresponsables del desarrollo comunitario con un gobierno impulsor de lo mejor que nos ha heredado esta cultura de la participación social.

Bajo el convencimiento de que la construcción de una sociedad sana empieza en la comunidad hasta alcanzar a todo el cuerpo social, es posible determinar que comunidad que no da las condiciones para el desarrollo personal, no puede aspirar a trascender territorial, poblacional ni económicamente.

Comunidad que no es capaz de generar arraigo pierde su identidad.

Los centros integradores pueden dar un nuevo impulso a las condiciones de equipamiento urbano, de comunicaciones y conectividad (internet), de servicios públicos, de presencia de las autoridades locales en el sitio donde se demanda su atención.

Hoy es claro, por ejemplo, que la inseguridad pública encuentra su más fuerte causa en la ausencia de la autoridad.

En tal sentido, esta estrategia es el mejor instrumento para dar seguridad a las comunidades, detonar la participación social organizada y el arreglo de una vida democrática basada en la legítima demanda social que por la organización de la gente y sus prioridades, por el sentido colectivo del desarrollo, el valor y la plusvalía social que genera, permitirán el ejercicio de un presupuesto participativo en los programas de inversión pública, generará una eficaz contraloría social y producirá la cohesión, confianza y legitimidad para reconciliar el ejercicio del poder público con la sociedad.