Durante la pandemia, abuelitos tuvieron que acudir ante los juzgados familiares del Tribunal Superior de Justicia para demandar a sus hijos pensión alimenticia, pues no se acordaron de ellos y ya no tienen la capacidad para trabajar, pues superan los 70 años.
El juez cuarto de lo familiar, Orbelín Ramírez Juárez, lamentó que esto ocurra, pero sí se han presentado personas mayores de 70 años que acuden al tribunal para demandar a sus hijos, quienes no cumplen con la obligación de apoyarlos en su manutención. En este 2021 se han presentado 15 expedientes.
“Los abuelitos les piden alimento a sus hijos, es la cuestión legal que pueden reclamar adultos mayores; la petición debe ser para los hijos, a través de una pensión alimenticia que debe ser decretada.
El monto depende, por ejemplo, si el deudor alimentario es asalariado, le estamos hablando de un porcentaje que dependerá de lo que se estudia cuando se demanda en caso, vemos la capacidad económica del demandado”, comentó.
En ese contexto, refirió que el porcentaje que en promedio se destina para los abuelitos es de un 20 por ciento, pero esto va incrementando a través del proceso en que se estudia las necesidades reales, en cuanto a servicios médicos, y médicos particulares.
“Puede ser que incremente en esas sentencias (abuelitos), hay que ver si está casado la persona demandada, pueda ser que aumente, pero se valora cuantos acreedores alimentarios tiene el hijo en su casa”, recalcó.
La ley federal en materia de Protección a los Derechos de los Abuelitos se establece que al que incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos, se le impondrá de tres a cinco años de prisión y de cien a cuatrocientos días de multa, suspensión o pérdida de los derechos de familia, y pago como reparación del daño a las cantidades no suministradas oportunamente.
Si el adeudo excede de noventa días, el juez ordenará al Registro Civil el ingreso de los datos del sentenciado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Sin embargo, lo que ocurre con los ancianos es que no desean que sus hijos pasen por estas situaciones por lo que prefieren desistir.
Ramírez Juárez dijo que otra de las situaciones por las que los abuelitos no demandan pensión alimenticia es por desconocimiento de los derechos son vigentes y la constitución los respalda; además de las convenciones internaciones, “la ley de adultos mayores que lo prevé como obligación hay un desconocimiento porque si los ciudadanos y ciudadanas tuvieran ese conocimiento se incrementaría” Cabe mencionar que en marzo del año pasado, el Congreso del Estado de Tabasco, aprobó penas hasta de seis años de prisión para aquellas personas que abandonen, maltraten o abusen de una persona adulta. Esto, derivado de la reforma a los artículos 139 párrafo primero y 199, y se adiciona un párrafo segundo del artículo 208 bis código penal del estado de Tabasco.
Con ello, la pena para la persona que abandona a una persona incapaz de valerse por sí misma o adulta mayor, se le aplicará una prisión de uno a cuatro años y con al abandono y que se pone en peligro la persona se aumenta la pena una mitad y hasta por despojos de vivienda realizado por más de 3 personas se incrementarán también a una mitad las mismas.
Con la tipificación del delito de omisión de cuidado, abandono y despojo de adultos mayores, se combatirá de manera eficaz aquellas conductas que atentan contra quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad o desventaja por razones de su edad.
Es necesario señalar que de acuerdo al especialista en gerontología, Nicomedes de la Cruz Damas, en el estado de Tabasco existen alrededor de 250 mil adultos mayores, de los cuales el 15 por ciento, es decir, unos 37 mil se encuentran en algún tipo de abandono social, familiar, económico o domiciliario.
Por ello, indicó que hace falta tratar asuntos con los familiares y más atención de programas gerontológicos. Este porcentaje de los adultos mayores en Tabasco vive en condiciones muy deplorables debido a que a veces no tienen ni donde vivir, sus familiares cercanos los abandonan y muchos de ellos terminan en la calle o en albergues.
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) dio a conocer que en México hay más de 13 millones de personas adultas mayores y que el 16% sufre rasgos de abandono y maltrato, por lo que es necesario impulsar y promover el envejecimiento activo resulta determinante.
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