A partir del 2 de junio se sancionará a quienes utilicen de manera indebida herramientas tecnológicas en medios de comunicación

Al dictar la conferencia Órdenes de Protección según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Que Derecho en papel se convierta en Derecho vivo, plantea magistrado Romero Tequextle

El presidente de la primera sala penal del TSJ disertó conferencia Órdenes de Protección según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

A partir del 2 de junio se sancionará a quienes utilicen de manera indebida herramientas tecnológicas en medios de comunicación, señaló

Directora del Instituto Estatal de las Mujeres resalta compromiso del magistrado Enrique Priego Oropeza para avanzar en protección del género femenino 

Las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia publicadas el 18 de marzo pasado no se establecieron para cubrir formalmente una función de gobierno, sino para hacer algo y hacerlo bien, proteger sobre todo aquellos bienes jurídicos más importantes como son la vida, la salud, seguridad de quienes son víctimas de violencia, puntualizó el presidente de la primera sala penal del Tribunal Superior de Justicia, Gregorio Romero Tequextle.

Al dictar la conferencia Órdenes de Protección según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el maestro y doctor en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) resaltó la importancia que de inmediato se dé a conocer todo lo relacionado a estas modificaciones normativas para que las autoridades administrativas, ministeriales y jurisdiccionales cumplan su cometido y no se limiten únicamente a aplicar el Código Nacional de Procedimientos Penales porque hay otras leyes que tienen la obligación de conocer y cumplirlas.

En la video conferencia realizada a instancias del presidente del Poder Judicial, el magistrado Enrique Priego Oropeza, la cual registró una concurrida audiencia, el ex procurador general de Justicia señaló que la reforma entró en vigor el 19 de marzo, pero el segundo transitorio ordena a las autoridades del gobierno federal y entidades federativas desarrollen, en un plazo no mayor a 180 días, un plan de capacitación a todo el personal ministerial y judicial sobre estas reformas, así como “para realizar las adecuaciones normativas que correspondan”.

Esto significa --explicó--  que los policías, fiscales del Ministerio Público y jueces se deben poner a trabajar en los cursos para que la información llegue a quienes trabajan directamente en la aplicación del ordenamiento legal.

Además, el 1 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) otro paquete de reformas, que son muestra la importancia que se le está dando a la protección de mujeres y niñas, mediante las cuales se estableció todo lo relacionado a la violencia digital y mediática, así como sanciones donde se incluyó a todos los medios de comunicación, prensa, radio, televisión y páginas digitales, ya que desafortunadamente se le está dando uso indebido a estas herramientas tecnológicas que deben ser utilizadas para el bien, sostuvo. 

Ante magistrados y jueces del Tribunal Superior de Justicia, así como personal de la Fiscalía General del Estado y del Instituto Estatal de las Mujeres, el doctor Romero Tequextle aseveró que el legislador ha cumplido con su misión de proteger a la mujer con la ley, pero debieron considerarse recursos adicionales para cumplir este objetivo, lo que es preocupante porque cada institución lo debe hacer con lo que ya tiene. En estos casos se requiere de un presupuesto para actividades y gastos que se deberán estimar en el próximo ejercicio presupuestal, advirtió.

Entre las medidas de protección que la reforma establece está el traslado de las víctimas a donde se requiera, cuantas veces sea necesario, en las diligencias para garantizar su seguridad, y a donde ellas necesiten, en este caso con el auxilio de la policía ministerial o preventiva. Otra es la custodia personal y domiciliaria de la víctima, que es difícil, pero es una necesidad y se tendrá que atender, en este caso también a cargo de los cuerpos policiacos.

Adicionalmente, en la ley se establece que se debe proporcionar recursos económicos para garantizar la seguridad personal de la víctima, transporte, alimentos, comunicación, mudanza y trámites oficiales que requiera, así como proveer de los recursos indispensables para garantizar la seguridad y acondicionamiento de la vivienda de la persona (desde un candado para asegurar una puerta u otras medidas indispensables), refirió.

Subrayó que hay un derecho en el papel y un derecho vivo, el primero es el que está en los códigos y leyes y el derecho vivo es el que se está cumpliendo efectivamente en la sociedad. “Ojalá que lo que se analizó ahora sea un derecho vivo, un derecho cotidiano de la sociedad, por eso es necesario que haya presupuesto suficiente para llevar a cabo las funciones”, dijo.

Entre las reformas aprobadas el 16 de febrero se mencionan 19 posibles órdenes de protección, pero las autoridades tienen la posibilidad de poner otras para salvaguardar la vida de las mujeres y niñas que estén en una situación de violencia.

Y todo ello es menester cumplirlo bajos los principios de necesidad y proporcionalidad, de oportunidad y eficacia ya que no hay ningún caso igual, y cada uno se requiere tratar debidamente, así como aplicar las medidas en el momento que se está solicitando para evitar más violencia e incluso hasta un posible feminicidio, observó.

Nelly Vargas directora del Instituto Estatal de las Mujeres, manifestó que es un acierto del magistrado presidente Enrique Priego Oropeza y su equipo de trabajo organizar estos talleres para ir revisando a profundidad temas que tienen preocupados y ocupados a todos los involucrados porque se debe ir empujado entre todos.

Coincidió con el planteamiento del magistrado Romero Tequextle ya que para implementar estos cambios se requieren los presupuestos, y tener siempre a la mano esta ley, materializada gracias a la lucha de las mujeres quienes han ganado espacios a golpe de sentencias y jurisprudencias en su lucha por el reconocimiento de derechos.

Las reformas obligan a preocuparse por estar capacitados de manera constante, pues a pesar de que en el estado los feminicidios, homicidios dolosos, trata de personas y violaciones han ido a la baja no se puede estar satisfecho porque seguimos ocupando el sexto lugar en temas de violencia de género.

La directora del IEM reconoció el interés del magistrado Enrique Priego por avanzar en temas como este. Muestra de ello es la mesa vinculatoria y de respuesta que su institución estableció con el Tribunal Superior de Justicia para revisar temas de guarda y custodia, y de protección, entre otros. A través de este convenio puso a disposición la plataforma de Educar para la Igualdad que es modelo nacional para continuar este tipo de capacitaciones.

Hay una serie de compromisos y acciones que se deben atender de manera inmediata, el estado cuenta con un centro de atención y refugio para mujeres violentadas, cercano a Villahermosa, donde las víctimas tienen tranquilidad y una red de protección oficial para que sean salvadas de sus agresores y hasta de un posible feminicidio. No es suficiente, pues se necesitan por lo menos tres refugios más, pero ya se está haciendo cabildeo con el gobierno federal, indicó.

Vargas Pérez enfatizó que lo ideal es trabajar con los temas de medicina preventiva porque hay descomposición social y ruptura de la familia.