Entre miedo y hostigamiento, la familia de Patricia Quijada mantiene su búsqueda

Desde el pasado 5 de abril, cuando de madrugada un grupo armado entró con violencia al domicilio de Patricia Quijada, de 33 años, para llevársela sin dejar rastro, su hermana Marlén y su familia se convirtieron en activistas a la fuerza.

“Nadie va a buscar a tu familiar como tú mismo”, asegura la mujer con voz fatigada, aunque, en realidad —dice a continuación—, el principal motivo por el que se convirtió en buscadora es que no confía en las autoridades de la Fiscalía General de Guanajuato que deben localizar a Paty, madre un niño de 11 años. 

La noche en la que hace cinco meses su hermana fue sacada a la fuerza de su casa en la colonia Loma Bonita, en Acámbaro, Marlén narra que su sobrino identificó por la voz a varios de los 20 hombres que integraban el grupo.

Afirma que esos mismos hombres formaban parte del comando de elementos de la fiscalía estatal que meses antes, el 18 de enero, habían entrado también a la fuerza y sin una orden de registro al domicilio de Patricia, para luego ponerla a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) acusada de varios delitos. 

Luego de tres días detenida, un juez la liberó porque quedó acreditado que los agentes la detuvieron de manera arbitraria y por medio de tortura. Sin embargo, la cosa no quedó ahí, ya que la familia de Paty cree que esos mismos agentes fueron los que cuatro meses más tarde la desaparecieron como represalia. 

Por eso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atendió una queja para investigar la presunta desaparición a manos de cuerpos militares, aunque, en los hechos, Sandoval señala que “se estima que pudieron ser agentes de investigación criminal (de la fiscalía de Guanajuato), los mismos que irrumpieron ilegalmente en su domicilio en enero pasado”. 

A pesar de esta sospecha, la fiscalía estatal asegura que ninguno de sus elementos se llevó a Patricia, y que, además, ya buscó con la Sedena y la Marina y tampoco la tienen. 

Aun así, la desconfianza en la autoridad de investigación es máxima. Primero, expone Sandoval, porque a más de cinco meses la fiscalía estatal no ha iniciado una carpeta por la presunta  desaparición forzada, sino por secuestro —a pesar de que, a la fecha, nadie se ha comunicado con la familia para exigir rescate, más allá de burdos intentos de extorsión telefónica—. Y segundo, porque la fiscalía tampoco está investigando a sus elementos. 

Además, Marlén expone que tras la desaparición varios agentes de la fiscalía visitaban constantemente el domicilio de sus padres para preguntarles a qué hora entraba y salía la familia y a qué se dedicaban.

“En lugar de investigar quién se llevó a mi hermana, lo que hacen es investigarnos a nosotros”, reclama. 

Tras las quejas, los agentes de investigación dejaron de hacer rondines por la vivienda de la familia, pero ahora son otros agentes, los de Seguridad Pública estatal, los que hacen esos mismos rondines supuestamente para protegerlos, luego de que la familia también sufriera intentos de extorsión telefónica con información falsa sobre el paradero de Paty. 

Ante esta situación, la familia tomó la decisión de pedir ayuda en julio al mecanismo federal de protección de periodistas y activistas, de la Secretaría de Gobernación: ya no quieren que ninguna autoridad estatal los proteja, y menos si se trata de la fiscalía, de la que sospechan que pudo estar involucrada en la desaparición.

Además, desde abril, Marlén se ha convertido en activista, participando en búsquedas y dando asesorías a otras familias que se han acercado con ella ante la desaparición de un familiar. Por ello, estaba convencida de que obtendría ayuda del Estado.

“Al principio, el mecanismo me marcaba a cada rato diciéndome que estaban pendientes de mi caso, que no me preocupara. Por eso se me hizo muy raro que un día, así de repente,  dejaron de comunicarse”. 

A pesar de la negativa del mecanismo, Marlén insiste en que seguirán buscando a Patricia cueste lo que cueste, aunque admite que tiene miedo y no es para menos: Acámbaro, ubicado en el límite con Michoacán, es un municipio de 160 mil habitantes de Guanajuato, estado que en la actualidad concentra los mayores índices de violencia en México con 3 mil 516 víctimas de homicidio doloso en 2021 y mil 566 en los primeros seis meses de 2022, de acuerdo con datos oficiales.