Los grupos étnicos armados tienen un sistema legal paralelo en algunos de los territorios fronterizos del país y aplican la pena capital en ciertos casos.
Se sabe que el país está sumido en la confusión desde que el golpe de Estado de febrero paralizó la economía y desencadenó protestas en todo el país, con más de mil 200 muertos y 7 mil 400 personas encarceladas tras la represión de la disidencia por parte de la junta.
Debido al creciente número de disidentes prodemocráticos que se encuentran entre rejas, los generales han ofrecido amnistías penitenciarias ocasionales a los reclusos condenados por diversos delitos, incluidos los violentos.
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