Hasta seis años de prisión podrían alcanzar aquellos servidores públicos que autoricen construcciones que dañen el medio ambiente, determinó el día de ayer el Congreso del Estado.
La propuesta fue hecha por el diputado Exequias Braulio Escalante Castillo, y en esta refiere que al haberse aprobado las penas, estas son severas para estos funcionarios piensen “dos veces” realizar acciones que vayan en contra de el cuidado ecológico.
Los legisladores avalaron con 29 votos a favor, dos dictámenes, mediante los cuales se reforma el Código Penal.
Esto es en relación a los artículos 304 y 304 Bis-A del citado Código, en materia de delitos contra el equilibrio vital de la naturaleza, por lo que en la entidad se incrementan sanciones económicas mínimas y se impone la destitución e inhabilitación hasta por un tiempo igual al que se le hubiera fijado como pena privativa de la libertad, al servidor público que dañe el equilibrio ecológico.
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