La Fiscalía General de la República pidió comparecer ante la justicia a 3 ex funcionarios, por presuntamente pagar ilegalmente 400 millones de pesos por la supervisión y mejora de los comedores comunitarios del Estado de México, en un caso más de la "Estafa Maestra".
Se trata de un caso donde la Secretaría de Desarrollo Social, hoy de Bienestar, contrató a la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH) y del que se acusa la inexistencia de comprobantes para acreditar los servicios, la subcontratación superior a la permitida por ley y un adeudo al proveedor, en principio no registrado.
La empresa que subcontrató la Universidad es Productos Serel, perteneciente a Grupo Cosmos, del empresario Jack Landsmanas Stern, uno de los grandes proveedores de alimentos a nivel nacional.
Los ex funcionarios a imputar son Martha Lidia Montoya Santos, ex directora de Tesorería, y José Israel Torres Gutiérrez, director general de Desarrollo Comunitario, ambos de la Sedesol; y José Roberto Aguilar Fuentes, abogado general de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH).
El Ministerio Público Federal pidió a un juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente una audiencia inicial para imputarles el delito de uso indebido del servicio público, en las modalidades de pago ilegal, contratación indebida y ser parte de la misma.
El pasado 4 de octubre estaban llamados a comparecer por vez primera ante la juez federal Beatriz Moguel Ancheyta, sin embargo, debido a que estaban pendientes de resolver algunos amparos, la audiencia fue aplazada para los próximos días.
El delito que les imputan se sanciona con seis meses a doce años de prisión, 100 a 300 días multa, y la destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, por el mismo periodo que la sanción penal.
La investigación corresponde a una denuncia que presentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la FGR, en enero de 2018, y trata de un convenio suscrito cuando Rosario Robles era la titular de la Sedesol.
De acuerdo con informes judiciales, el convenio en cuestión fue firmado en abril de 2015 entre la Sedesol y la UPCH para la supervisión, monitoreo, control y mejora de los comedores comunitarios del Estado de México.
Los trabajos incluían la entrega de informes del padrón de empadronamiento, uso de recursos y planes de mejora.