La Presidencia de la República dio a conocer la Política de Comunicación Social del Gobierno Federal, que establece los principios que seguirán las dependencias y entidades de la administración pública en materia de difusión de información de prensa y publicidad.
En el acuerdo emitido en el Diario Oficial de la Federación, explicó que la honestidad será la premisa básica para acabar con la selección discrecional en la contratación de medios de comunicación para implementar la estrategia de comunicación social del gobierno federal.
Ante ello, apuntó en el documento vigente a partir de mañana, se deberán seleccionar los medios y las vías de comunicación de acuerdo a la normativa aplicable para cumplir con este principio.
Sostuvo que el combate a la corrupción en esta materia se logrará mediante la transparencia para informar el destino de los recursos asignados para la contratación de medios de comunicación a través de las vías que se estimen pertinentes.
Definió propaganda gubernamental o campañas de promoción y publicidad como como toda producción y difusión en cualquier medio de comunicación o soporte tecnológico o digital solventada con recursos públicos, así como aquella que promueva o publicite la venta de productos o servicios que generen algún ingreso para el Estado.
La Presidencia de la República señaló que la propaganda gubernamental podrá informar sobre ejecución de obras de infraestructura, prestación de servicios públicos y desarrollo de programas económicos y sociales, rendición de cuentas, promoción y garantía de derechos humanos y funcionamiento de instituciones.
Detalló que las dependencias y entidades públicas federales no podrán difundir el contenido de la propaganda gubernamental que tenga por finalidad destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público ni difusión del informe anual de labores del Ejecutivo federal.
Tampoco podrán divulgar mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a los valores, principios y derechos constitucionales, fomente la comunicación engañosa, restrinja la transmisión y circulación de ideas y opiniones o que sea utilizada como un mecanismo de censura, incite a la violencia o a comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico, entre otras.
Estableció la prohibición para que un medio de comunicación concentre un porcentaje mayor a 25 por ciento del total de la pauta publicitaria que esté en una campaña particular a cargo de una dependencia o entidad, salvo que se trate de la producción de los materiales a divulgar.