El Senado de la República aprobó este martes una reforma que sanciona hasta 15 años de cárcel a funcionarios públicos que sustraigan vacunas contra el COVID-19 o medicamentos, así como tanques de oxígeno que pertenezcan al Sector Salud.
La reforma a la Ley General de Salud, avalada por 81 votos a favor y 10 en contra, crea un tipo penal para el robo de vacunas, ya sea que estas pertenezcan a un programa universal o se implementen en medio de una emergencia sanitaria, como la que actualmente vive el país por la pandemia de COVID-19.
Se aprobó una pena de tres a 10 años de prisión y multa de 300 a tres mil veces la Unidad de Medida de Actualización (26 mil 886 a 268 mil 860 pesos), cuando las vacunas tengan como propósito la inmunización de un agente patógeno. Similar sanción aplicará cuando algún medicamento o alguna ayuda funcional sean de uso esencial durante la acción extraordinaria.
"Cuando la persona sea servidora pública y cometa alguna de estas dos conductas, se le aplicará una pena de 5 a 15 años de prisión y multa de 300 a tres mil veces la Unidad de Medida de Actualización", se lee en el documento.