El Senado de la República aprobó con el voto de Morena y sus aliados, el llamado Plan B de la reforma electoral, donde eliminó la llamada cláusula de ´vida eterna´ de los partidos satélites, que de inmediato se turnó al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La reforma fue aprobada por 72 votos a favor de Morena, PT, PVEM y PES, mientras que el PAN, PRI, MC, PRD y Grupo Plural con 50 sufragios en contra.
Durante un largo debate donde la oposición reiteró su rechazó a la reforma presidencial, se concluyó el proceso legislativo del Plan B y se anunció que de inmediato se presentarán más acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN.
- El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, remitió la reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral al Ejecutivo Federal para su publicación.
- La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, indicó que, con base en el artículo 72 constitucional, se determinó que todos los artículos que componen la minuta, no podían ser materia del análisis por parte de esta Cámara, ya que ha culminado el procedimiento legislativo para su discusión y aprobación en el mes de diciembre del 2022.
El senador del PAN, Damián Zepeda, exhortó a Morena y sus aliados a aprobar el dictamen del Plan B tal como lo devolvió la Cámara de Diputados, con el fin de eliminar definitivamente el artículo correspondiente a la llamada "cláusula de vida eterna".
- Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, dijo que de conformidad con algunos precedentes judiciales vigentes, no se puede estar de acuerdo con la transferencia de votos o cláusula de vida eterna, y "consideramos que al emitirse un sufragio, este debe considerarse agotado y no convertirse en mercancía política".
La primera parte del denominado Plan B de reforma electoral, alcanzó ayer 25 impugnaciones en la Suprema Corte. Estos recursos corresponden a siete acciones de inconstitucionalidad por 18 controversias constitucionales, todas presentadas por la oposición, en contra del decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Con 16 impugnaciones, municipios de diversas entidades son los principales promoventes de estos medios de control constitucional en contra de la primera parte del denominado Plan B de la reforma electoral, que permite a servidores públicos ejercer su libertad de expresión durante procesos electorales e incluso hacer proselitismo.