Cuando las instituciones y funciones públicas de para las que fueron creadas jurídicamente cumplen con su respectiva asignaturas hay que afianzarles como el activo que representan para la vida de este país. Aún más, los Organismos Autónomos que por su carácter asumen decisiones sensibles y trascendentales como contrapeso al poder gubernamental.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Federal de Competencia Económica, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el Banco de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre otros, son poseedores de atribuciones exclusivas en sus respectivo ámbito de competencia que antes en el dominio del Gobierno Central fueron instrumentos de presión, excesos y arbitrariedades.
En este ecosistema destacan el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, integrantes del Sistema Electoral Mexicano, junto con la Fiscalía de Delitos Electorales. Instancia organizadora de las votaciones, órgano de control constitucional en cada uno de los actos del Árbitro, y el instrumento sancionatorio de delitos, que en su correspondencia cada una cumple con una una función ex profeso en el entramado democrático.
Antaño, con particular acento durante el período de 71 años de gobiernos continuos del PRI, fue un común denominador la injerencia sobre los concesionarios de radiodifusoras y televisión para marcarle el criterio editorial en noticiarios además de censurar otros contenidos, a propósito de la Libertad de Expresión que se conmemora desde 1951 cada 7 de junio.
El monopolio de la Productora e Importadora de Papel, PIPSA, para proveer de este insumo a los periódicos diarios fue igual otro brazo para literalmente doblarles en lo que sí y no podría publicarse por noticia, dictada desde Presidencia y Secretaría de Gobernación.
La funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones son precisamente de regular este ecosistema en el que convergen corporativos de medios integrando televisión abierta y de paga, radiodifusoras, internet, telefonía, entre otros que para operar requieren del uso de concesiones y el espectro radioeléctrico, por ser de naturaleza pública, que además están obligados a pagar.
Resulta un engaño que haya duplicidad de funciones en los Órganos Autónomos respecto de la Autoridad Pública de Gobierno, que tampoco se manda solas teniéndoles como el contrapeso para nada gratificante porque igual le ciñe igual a cumplir entre otros con transparentar públicamente toda la información de sus funciones incluyéndole el uso, origen y destino del presupuesto; exceptuando de asuntos por seguridad nacional.
Lamentable es que quien hoy preside la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Sergio Gutiérrez Luna, por segunda ocasión consecutiva electo legislador por Morena, haya emitido declaraciones desafortunadas contra el principal de los contrapesos y base de entramado democrático, el tácito cuarto integrante en la división de poderes del cual emergen los demás, el Árbitro Electoral.
En declaraciones a al diario La Crónica en 2021, Gutiérrez Luna afirmó que las funciones del Instituto Nacional Electoral debían regresar al dominio de la Secretaría de Gobernación ahora que hubo un cambio en la situación política del país desde que Morena asumió el Gobierno de la República.
Al presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se le olvida que el Sistema Nacional de Elecciones que desde la oposición contribuyeron a forjar les otorgó el registro como partido político cumpliendo con la Ley y que desde 2018 con él ganaron la Presidencia de la República, además de los 16 estados que gobiernan sumándose los otros 4 ganados este 2022. Elecciones realizadas en democracia.
No se comprende ni se justifica una actitud del Régimen de la Cuarta Transformación por centralizar y tener a merced los Órganos Autónomos, contraria a la convicción democracia que presumen comulgar. Aunque también los liberales tuvieron lo suyo.
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