Con el regreso a clases presenciales en casi todo el sector educativo de nuestro país de nuevo son noticias destacadas las denuncias y protestas de estudiantes femeninas de educación media superior y superior contra el acoso, la violencia sexual y la impunidad que prevalece y multiplica esos delitos.
Acompañadas por grupos feministas, sobre todo en la Ciudad de México, cientos de estudiantes buscan evidenciar el incumplimiento de los protocolos de atención a la violencia de género y de los acuerdos logrados por el movimiento estudiantil femenino con las intensas movilizaciones de antes del largo confinamiento por el COVID-19.
En las movilizaciones se exige aplicar los protocolos para erradicar, atender, prevenir y sancionar el acoso y la violencia sexual, de alumnas en su mayoría del Instituto Politécnico y la Universidad Nacional Autónoma de México.
La agencia de noticias CIMAC informó el 6 de abril que contingentes de estudiantes femeninas protestaron ante la rectoría de la UNAM para denunciar ataques sexuales de los que fueron víctimas unos días antes alumnas de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES) y del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan
En un documento que las estudiantes entregaron a las autoridades, también se denunció el intento de violación de un trabajador de la UNAM a una alumna con la complicidad de dos compañeros y las amenazas en los baños de los hombres de agredir sexualmente a las estudiantes.
Presentaron un pliego de peticiones al director de la FES exigiendo mayor seguridad en todos los accesos del plantel; la instalación de “botones de pánico” en puntos estratégicos del plantel, así como el monitoreo constante en todas las áreas de esa facultad.
También exigieron programas de atención a víctimas de violencia, sanción o expulsión de los agresores; gafetes al personal que labora en las instalaciones, la impartición de cursos en temas de género y talleres de defensa personal para mujeres, así como la difusión de los protocolos de seguridad existentes.
Autoridades del IPN se comprometieron ante los diputados a generar acciones para salvaguardar la integridad y seguridad de estudiantes y maestras.
En diciembre del 2019, el director del IPN publicó el Protocolo para la Prevención, Detección, Atención y Sanción de la Violencia de Género, incluido el compromiso de consolidar espacios educativos y laborales libres de violencia y atender problemáticas relacionadas con la comunidad politécnica.
El 30 de marzo otro caso en el CCH Acatlán revivió las protestas de estudiantes de la UNAM: un hombre que atendía una miscelánea cerca del plantel y entraba a los baños de mujeres de la escuela para filmar con un celular a las estudiantes. Ninguno de esos centros educativos ha cumplido con los compromisos. Ni siquiera se han preocupado por difundir en sus respectivas comunidades el contenido de los acuerdos, mucho menos han puesto en marcha acciones.
En Tabasco la situación no es diferente. El pasado 7 de febrero, la representante del Colectivo Feminista Marea Verde de esta entidad, Mariloli Alcudia Pérez, denunció que las autoridades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco también tienen signado un protocolo para combatir la violencia contra las estudiantes pero que se desconocen si hay acciones implementadas.
”No basta solo sancionar a los alumnos y profesores” que incurren en esos delitos, declaró. Una de las medidas exigidas es un transporte seguro para las alumnas que salen de clase en la noche.
Es necesario, como apuntó Alcudia Pérez, impartir talleres de las nuevas masculinidades a toda comunidad e implementar otras acciones de prevención, así como instalar “botones de pánico”.
A tres años de las movilizaciones más fuertes y sostenidas del estudiantado femenino de nuestro país, incluyendo el de Tabasco, puede resurgir sobre todo el incumplimiento de los protocolos firmados. Todo parece indicar que las altas autoridades educación superior le apuestan a controlar el fuego cada vez que hay un incendio.