El suceso en el que una mujer salvadoreña perdió la vida mientras era detenida por policías municipales en Tulum es lamentable y deplorable por donde se le vea. Aun cuando falta un largo camino en las averiguaciones y es pronto para llegar a un veredicto final, que debe corresponder a un juez que valore las pruebas y circunstancias del caso, los primeros indicios parecen mostrar una conducta policial, por lo menos, fallida.
De entre las múltiples reflexiones a que el caso puede dar lugar, es motivo para recordar uno de los grandes y más generalizados retos que abonan al problema de la inseguridad en nuestro país: el de la debilidad institucional de las policías municipales. Como se ha venido registrando desde hace algún tiempo, en el orden municipal es donde se encuentran los niveles más bajos de confianza de la ciudadanía a sus policías y donde se observan los resultados menos halagüeños. Es ahí, también, donde suelen encontrarse los problemas más arraigados de vulnerabilidad ante el ímpetu corruptor y amedrentador de la delincuencia.
En buena medida, las vulnerabilidades de las policías municipales derivan de la falta de recursos. Siguen siendo numerosos los municipios en que las tareas de seguridad están a cargo, literalmente, de dos o tres policías. Y siguen siendo muchas las demarcaciones en que, aunque en el papel el ayuntamiento tiene la atribución para sostener una policía, simplemente no cuenta con el presupuesto para poder contar ni con un solo policía. En este contexto, pensar en programas de capacitación, academias, adiestramiento y adoctrinamiento en temas como uso de la fuerza o derechos humanos parecería, verdaderamente, un lujo.
El punto es relevante, pues la única estrategia verdaderamente efectiva para disminuir la ocurrencia de eventos como el de Tulum es la capacitación y el adiestramiento continuos. La función policial tiene que ser entendida, antes que como una actividad de fuerza física, como un servicio que requiere fuertes dosis de criterio, sentido común, prudencia, compromiso, conocimiento y capacidades de investigación. Todas ellas son habilidades que solamente pueden desarrollarse a través del entrenamiento constante.
Y se requiere un esfuerzo de sistematización para la actuación policial, que brinde la oportunidad de prever, tanto como sea posible, criterios, formas y procedimientos para atender las distintas situaciones que puedan presentarse en el ejercicio de la misma, evitando improvisaciones o indecisiones que puedan provocar daños mayores. En ese sentido, la Policía Federal emitió, desde 2017, su Protocolo de Actuación sobre el Uso de la Fuerza, antecedente de construcciones normativas posteriores y base de profesionalización en el tema.
La emisión de normas y protocolos sobre uso de la fuerza es principio básico y necesario, pero no deja de ser un primer paso. El gran esfuerzo consiste, a partir de los mismos, en capacitar a cientos de miles de policías, de todos los órdenes, para interiorizar, no solamente de manera conceptual, sino en formas de reacción casi instintiva, lo que dichos protocolos disponen.
Cuando un policía se encuentra en medio de la acción, así sea un enfrentamiento o una simple detención, habrán de contar mucho las horas de entrenamiento que haya dedicado a practicar técnicas de control ante distintos escenarios, y no solamente las definiciones que sobre derechos humanos haya memorizado. La doctrina y adiestramiento policiales cuentan con esa nota distintiva: la de formar elementos entrenados para usar la fuerza como último recurso y de forma estrictamente proporcional a la resistencia presentada por el delincuente. Por ello, por cierto, no es sencillo suplir a las policías con cuerpos, como la milicia, que han sido entrenados bajo la lógica del combate al enemigo mediante, precisamente, el uso de la fuerza letal.
Así, Tulum recuerda la importancia fundamental en invertir y no abandonar el esfuerzo por capacitar y entrenar a los policías de todos los órdenes. Y, de manera prioritaria, por atender las vulnerabilidades que presentan en el ámbito municipal.