Como que a veces, como parte del ejercicio del poder hay algo que no cuadra en algunos gobiernos, en este caso el de la 4T.
Fíjese usted: resulta que en la conferencia mañanera del pasado lunes 29 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, al referirse a la serie documental de “El Caso Florence Cassez-Israel Vallarta” (investigación de Jorge Volpi), tras reconocer que dos secretarios de Gobernación –Olga Sánchez Cordero y el tabasqueño Adán Augusto López Hernández-- no han podido liberar a Israel Vallarta, acusado de secuestro en el régimen de Felipe Calderón, pese a la evidencia de que fue torturado expresó lo siguiente:
“Lo que dicen es que los torturados todavía no salen, van a salir y dicen algo –-que es cierto-- que no han podido dos secretarios de Gobernación de nuestro gobierno sacar a quienes están ahí y está demostrado que fueron torturados; y es cierto porque los procedimientos judiciales son de lo más complejo y además también no hay entusiasmo, no hay voluntad en algunos funcionarios de hacer justicia (…) hay todavía mucho burocratismo”. (Excélsior 29-agosto-2022).
Pero recordemos: en la conferencia mañanera del pasado 14 de septiembre de 2021 (El Financiero, Infobae, Aristeguinoticias, Milenio), el titular de la SEGOB explicó --en relación con el Decreto Presidencial de política carcelaria, impulsada por el mandatario tabasqueño, con la finalidad de liberar a presos que hubiesen sido torturados, adultos mayores de 75 años privados de la libertad, y quienes padezcan enfermedades crónicas y sean mayores de 65 años, así como de personas en prisión preventiva sin sentencia---, que Israel Vallarta seguiría en la cárcel y no podría ser liberado por tener otro “proceso abierto por otro secuestro, en el cual pues no se ha acreditado la tortura ni la violación al Protocolo de Estambul, por lo tanto, no puede ser beneficiado de los beneficios del Decreto”.
Al parecer, derivado de lo manifestado en aquel entonces por el Secretario de Gobernación, Israel Vallarta, --quien se dice fue objeto de tortura en el caso de Florence Cassez-- no podía ser puesto en libertad por existir otro proceso similar, por secuestro, en el que no se habría acreditado tortura.
Entonces, si existe otro proceso abierto -–o sea distinto al del secuestro donde Israel Vallarta está involucrado al igual que Florence Cassez y al que por cierto nadie se refiere como sí lo hizo el Secretario de Gobernación el 14 de septiembre de 2021--, y en dicho proceso no se ha acreditado tortura en agravio del inculpado, es lógico que no puede salir de prisión, lo que sí podría suceder, si es que finalmente no se comprueba ese otro delito y se dicta sentencia absolutoria en su favor.
Por lo que dijo el Presidente quizá se esté en presencia de lo que dice el título de este Altar, el caso del teléfono descompuesto.
Pero también, según los abogados que saben del tema, el hecho de que en un proceso penal se acredite tortura, no implica de ipsofacto que un procesado pueda ser liberado si es que en su contra hay otro proceso abierto incluso por el mismo delito –-secuestro- en el que, aunque se haya alegado tortura. Si no está acreditada formalmente ésta, es una circunstancia que impide legalmente al órgano judicial ponerlo en libertad salvo que, a la fecha, en el proceso abierto contra Israel Vallarta ya se haya acreditado la tortura.
Pero bueno, así están las cosas y en todo esto sería ideal –para evitar más confusiones en ese tan sonado caso Florence Cassez—que se explicara a detalle si en el otro proceso abierto contra Israel Vallarta al que se refirió el Secretario de Gobernación, también se acreditó la tortura.
Entrelíneas…Dicen que lo cortés no quita lo valiente pero al diputado panista Santiago Creel Miranda, presidente de la mesa directiva de la Cámara Federal de Diputados pareciera ser que le ganó ayer la actitud visceral, contrario a lo que siempre había proclamado en cuanto a la necesidad de construir acuerdos y consensos con el Poder Ejecutivo Federal….. (altar_mayor@yahoo.com.mx)