Algunos afirman que es el juicio del siglo: Sudáfrica acusó ante la Corte Internacional de Justicia al Estado de Israel de llevar a cabo un patrón de conducta genocida contra los palestinos, y solicitó nueve medidas cautelares para frenar la ofensiva por parte de Israel en la franja de Gaza.
El pasado jueves 11, la representación de Sudáfrica sostuvo que los ataques han resultado en más de 20 mil palestinos fallecidos y que "esta matanza no es otra cosa que la destrucción de la vida palestina. Se inflige deliberadamente, no se perdona a nadie, ni siquiera a los recién nacidos".
En ese sentido acusó que, más allá de la cifra de muertos, Israel ha actuado con la intención de exterminar a esa población con 6 mil bombas diarias, además de que ha cortado el servicio de energía eléctrica y de agua de un modo que no se puede justificar en una persecución a integrantes de Hamas. Sería una estrategia diseñada para provocar hambre y deshidratación, que ha resultado en que
93 por ciento de la población en Gaza enfrenta condiciones críticas. Así planteados, los hechos resultan en la violación de la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio.
Esta Convención fue adoptada a consecuencia del genocidio de que fue víctima el pueblo judío por parte de los nazis, hechos que se juzgaron tras la Segunda Guerra Mundial en los juicios de Nuremberg. El Estado de Israel nació, como la Convención, en 1948, el 14 de mayo. En cuanto el Reino Unido renunció al mandato que tenía sobre Palestina, Israel fue invadido por ejércitos de los países árabes. La guerra ha vivido algunos momentos más tensos que otros, pero ha continuado hasta nuestros días. En el conflicto, Israel ha ido ocupando más territorio del que se había previsto en el Plan de partición de Palestina que aprobó en 1947 la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El viernes 12 de enero fue el turno de los representantes de la defensa de Israel, quienes negaron en ante la Corte Internacional de Justicia la intencionalidad de destruir a los palestinos. Sostuvieron que buscan defender a su pueblo de Hamas, una organización que ellos tienen por terrorista, mientras que en Sudáfrica la consideran un movimiento de liberación nacional. Israel afirmó que Sudáfrica distorsiona la realidad, que utiliza la Convención para ser cómplice de un grupo terrorista y que sus acciones son en ejercicio de su derecho a defenderse tras los ataques del 7 de octubre de 2023.
Cabe recordar que en esa fecha Hamas atacó Israel, lo que dejó aproximadamente mil 200 israelíes muertos, además de que la organización tomó 250 rehenes en un festival de música. Dos mexicanos continúan entre esos rehenes: Ileana Gritzewsky y Orión Hernández. Desde mucho antes, Israel ha acusado a Hamas de usar a los palestinos como escudos humanos.
No es la primera vez que un señalamiento de Genocidio llega a la Corte Internacional de Justicia. En 2007, emitió un fallo en el que absolvió a Serbia y a Croacia de genocidio, pero encontró a Serbia responsable de no prevenir y castigar la Matanza de Srebrenica del 11 de julio de 1995, cuando fueron asesinados unos 8 mil musulmanes y desplazados 30 mil mujeres y niños.
La Convención estipula que el genocidio es perpetrado "con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso" mediante alguna de estas acciones: matanza, lesión grave a su integridad física o mental, sometimiento a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y trasladar por la fuerza a niños del grupo atacado a otro grupo.
La Corte Internacional de Justicia deberá tomar decisiones en este caso contra Israel, que podrían asentar precedentes históricos. No obstante, el juicio será una demostración de los alcances del derecho internacional frente a los intereses políticos y económicos de potencias tan fuertes como Israel, Estados Unidos y Alemania. Existe el antecedente del caso Nicaragua contra Estados Unidos, en el que en 1986 la Corte Internacional de Justicia encontró a Estados Unidos responsable de haber violado el principio internacional de no intervención y haber armado y entrenado a grupos contrarrevolucionarios, los Contras, quienes se opusieron violentamente al régimen sandinista en una guerra civil que dejó más de 30 mil muertos. Estados Unidos nunca cumplió el fallo.