Seguridad pública y seguridad nacional; cuando el último recurso se convierte en el primero

• Los militares en tareas policiacas, el riesgo del desborde
• Evitar que el Estado mexicano se convierta en fallido
• Cortar red de complicidades, para frenar la expansión criminal

LE COMENTÉ en mi anterior entrega cómo el Estado mexicano, cada vez más acorralado por el crecimiento de las bandas del llamado crimen organizado -traficantes de drogas, de armas, de personas, etcétera-, tuvo que recurrir a las Fuerzas Armadas (Ejército y Marina). No es, por cierto, una cultura del crimen que surge de la noche a la mañana, sino que está cimentada en décadas de descomposición y en una red tolerada de complicidades. Así, la presencia militar en tareas policiacas ocurrió primero como ocurrencia o medida política de Felipe Calderón; este mecanismo se institucionalizó con la creación de la Guardia Nacional y el encargo a los militares de labores diversas antes reservadas al poder civil en la administración de Andrés Manuel López Obrador.

El debate seguirá, pero de lo que no hay duda es de la necesidad de que el Estado tenga el poder para dar seguridad a su población, que no sea rebasado en un proceso irreversible. Precisamente el problema de la criminalidad ha colocado a varios países en la condición de Estados fallidos, donde la autoridad es inexistente. Un Estado fallido no es sólo tema de teóricos, se refleja en la vida cotidiana cuando la seguridad de la gente no puede ser garantizada.

Mencioné la más reciente medida en Tabasco que no sólo ratifica al general Víctor Hugo Chávez en la Secretaría de Seguridad, sino que ubica al coronel Barajas en la Fiscalía estatal (antes Procuraduría). Y aún más: por lo menos once de los 17 municipios tendrán como directores de su policía a elementos de formación militar. El mensaje está claro: el gobierno decidió cortar con los pactos precedentes. Debe ir a fondo contra la creciente criminalidad.

Prevenir y combatir a la delincuencia requiere actuar en muy diversos frentes, le decía. Uno de estos es, sin duda, el del llamado Poder Judicial, pero que debe abarcar también a las Fiscalías y a las policías de todos los órdenes. Lo que ha sucedido con la reforma iniciada por Andrés Manuel López Obrador y continuada por Claudia Sheinbaum es una muestra de los intereses afectados. Desde el principio de la 4T suman un récord de amparos interpuestos contra proyectos y acciones del Poder Ejecutivo, 5 mil 165 (PROCESO, 22/06/2019).

HISTORIAS DEBAJO DEL PODER  

ELEMENTO CRUCIAL en la construcción del Estado-Nación –y en toda sociedad- es el establecimiento de normas, la aplicación de las leyes y su sentido comunitario. Pareciera algo sabido pero es pertinente recordarlo: el reconocimiento de un marco jurídico común configura un pacto social que protege a los individuos de "la ley de la selva". Los libera del estado salvaje-natural, aunque los coloca bajo la dirección de una instancia suprema, el Estado, que procura o debe procurar la convivencia. En este sentido, los individuos construyen una protección grupal a cambio de renunciar a libertades personales como la venganza por mano propia o el arrebatar con violencia lo que otros trabajaron. Entre otras.

No es proceso lineal, en la historia humana, esa construcción social que es el Estado con marco jurídico abarcador. Para llegar en México a la república representativa, democrática y federal, diferentes luchas tuvieron lugar, en distintos territorios con culturas diversas. No es seguro, de cualquier modo, que la teoría del Estado republicano se haya aplicado en nuestro país con eficiencia en la práctica social. He ahí el centro de la cuestión: un pacto de convivencia en pro de la igualdad, se aplicó por décadas como un pacto de dominación de las élites sobre grandes franjas de población.

Los recursos, el sentido de propiedad, las oportunidades para crear riqueza o usufructuarla, fueron para unos cuantos individuos privilegiados. Y la fila de la subordinación, primero hegemónica, en el siglo XX se convirtió en fila de simulación, con la democracia y la república en rol de fachada para justificar un orden de cosas desigual en extremo. De ahí venimos y se supone que debemos evitar que los extremos de la marginación y los privilegios hagan volar por los aires nuestra convivencia.

DE ÉLITES Y PENSIONES 

DOS SUCESOS que pasaron desapercibidos en el fragor del debate político/judicial, señalan la urgencia de que cambie la aplicación de leyes. El primero fue un anuncio del Poder Judicial (18/09/2024): “El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aprobó por unanimidad reducir la edad de jubilación de jueces y magistrados, de 65 a 55 años, para que las personas juzgadoras puedan percibir su pensión complementaria, con lo que quienes estén en este rango de edad podrán reclamar esta prestación antes de que entre en vigor la reforma al Poder Judicial”. Este premio por mano propia tuvo como remate ‘medidas de austeridad’: “Además, se aprobó un sistema que otorga compensaciones vitalicias a jueces y magistrados, que a su vez se suman a las pensiones otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que serán de entre 45 y 80% del ingreso que otorga el Instituto”. Y si el Poder Judicial quiso doble pechuga, véase el segundo suceso: el empresario Carlos Slim propuso que la edad de jubilación general suba de 65 a 75 años de edad (7/10/2024). El contraste es evidente, entre las élites y lo que quieren para la población en general.       

(vmsamano@hotmail.com)