Seguridad pública: necesario fortalecer a las policías locales

Nuestra Constitución Política federal establecía claramente que la seguridad pública era una labor bajo responsabilidad civiles, siempre, mientras que la seguridad nacional era responsabilidad militar.

Resulta paradójico, por lo menos, que a diez años de los hechos de Ayotzinapa se aprobara la reforma constitucional por la que el mando de la Guardia Nacional pasa formalmente de ser civil a militar. En la refriega de la política cortoplacista, el binomio oficialismo-oposición se enfrasca, como siempre, en el presidente Andrés Manuel López Obrador, si prometió sacar al Ejército de las calles, si después lo negó, si con ello culminó en su mandato lo que Felipe Calderón quiso hacer en el suyo y no pudo. Si lo tuvo que hacer porque es necesario, si a estas alturas no hay alternativas.

Es necesario ampliar la discusión al contexto social e histórico. Es paradójico que se integre a la Constitución la naturaleza militar de la Guardia Nacional a una década de Ayotzinapa porque, a pesar de la promesa de campaña, el sexenio termina sin que se haya aclarado el papel que tuvo el Ejército (o algunso de sus integrantes) en esos hechos. La historia de América Latina y otros países, ha demostrado, una y otra vez, que a mayor poder militar más riesgo de violaciones a derechos humanos.

Antes, nuestra Constitución Política federal establecía claramente que la seguridad pública era una labor bajo responsabilidad civiles, siempre, mientras que la seguridad nacional era responsabilidad militar. Una es era del ámbito doméstico, para proteger a los ciudadanos; otra del ámbito nacional, para proteger al Estado y la soberanía. La distinción se guardaba con tanto celo porque la naturaleza de las policías es fundamentalmente distinta de la del Ejército: unas son para prevenir el delito y proteger al ciudadano, el otro es una fuerza letal entrenada para aniquilar al enemigo.

La institucionalización de una fuerza militar para trabajos de seguridad pública difuminó esas fronteras, la seguridad pública pasó a ser una cuestión de seguridad nacional; estando el enemigo en casa, en cualquier momento un simple ciudadano puede pasar a ser considerado un enemigo. Tanto poder con tan pocos controles es un caldo de cultivo para Ayoztinapas y culiacanazos.

Hay que recordar que el 11 de mayo de 2020 se publicó un acuerdo por el que se dispuso de “la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, que fue objeto de una controversia constitucional. Con Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte, se declaró inconstitucional que la Guardia Nacional se subordinara a la SEDENA.

Cuatro años después, al coincidir con una década de los hechos de Ayotzinapa, el nuevo decreto relativo a la Guardia Nacional la institucionalización de la estrategia que, originalmente, se había previsto como medida temporal. Es la exhibición de un gran fracaso. Que no fue real el compromiso que se hizo en su momento de que sería una fuera una fuerza extraordinaria, complementaria y subordinada a un mando civil. Ahora la Guardia Nacional es una fuerza permanente cuyos elementos pueden ser primeros respondientes y servir en labores de seguridad pública, también pueden ser investigadores con los ministerios públicos, tienen formación policial y fuero militar, es decir, pueden hacer casi todo y si hay problemas se los juzca en tribunales especiales. Tribunales que no entraron en la reforma, por cierto.

Aunque originalmente se dijo que la Guardia Nacional se creó para suplir las deficiencias de las policías, parece que quedó olvidado el prometido fortalecimiento de las policías locales. Ante las críticas, el oficialismo afirma que Claudia Sheinbaum no va a usar esta fuerza para reprimir al pueblo, como no lo hizo AMLO. Incluso ignorando todos los reclamos de violaciones a derechos humanos que se han acumulado contra la Guardia Nacional, ese argumento es erróneo porque en vez de ponderar la confianza en la persona del Ejecutivo debemos robustecer las instituciones para evitar que sean propicias a los abusos de poder, especialmente si en el futuro llega alguien con pocos escrúpulos, debe tener al menos controles.

Esta administración no logró esclarecer lo que pasó la noche del 26 de septiembre de 2014, entre otras cosas, pero creó una fuerza altamente poderosa para abrir fuego contra las ratas, en vez de mejorar y reponer las trampas o cambiar el veneno que dejaron de ser efectivos. Es fácil ver qué situación es más propicia a que ocurran accidentes con muertos y heridos.