Una.- A partir de la visita del presidente López Obrador a Washington, la orientación del gobierno federal hacia la violencia y el crimen organizado ha sufrido modificaciones que, sin duda, han suscitado tal molestia en las bandas delincuenciales que las ha hecho reaccionar con actos violentos como las del pasado fin de semana. Recordemos que durante la entrevista con Joe Biden, el lenguaje corporal del presidente hacía evidente que se encontraba incómodo, enojado. Una primera reacción en medios y redes acusó al presidente de sentirse fuera de contexto, carente de los apoyos que le permiten sentirse hombre poderoso.
Se sabría, posteriormente, que el mensaje del gobierno norteamericano que le fue transmitido por la vice-presidenta Harris habría sido lo que lo habría desequilibrado. Días después, Rafael Caro Quintero fue reaprehendido luego de permanecer prófugo por años y la Guardia Nacional enfrentaría a grupos del crimen organizado, tras un intento de capturar a líderes importantes de los carteles jaliscienses. Expertos en la materia han sugerido que el gobierno norteamericano exigió al presidente una política menos contemplativa frente al crimen y la violencia. Tal vez sea en este contexto en el que deba entenderse el interés presidencial en precipitar la militarización de la Guardia Nacional. Los Estados Unidos tienen claro que México no sólo es un importante socio comercial, sino también político. Tener por vecino a un narco estado pondría bajo muy seria amenaza a la ya no tan sólida democracia norteamericana.
Dos.- Entendamos esta terrible coyuntura de violencia en perspectiva; sólo así estaremos en condiciones de diagnosticar correctamente y planear a futuro una salida de paz y desarrollo. Lo que hoy vivimos es el resultado de la forma en la que ha evolucionado, a lo largo de casi cuarenta años, la política de seguridad de los diferentes grupos que han gobernado en ese tiempo. A finales de los setenta y principios de los ochenta, cuando Caro Quintero y Don Neto eran dos de las figuras más importantes del crimen y el poder de sus bandas era apenas incipiente, el priísmo autoritario y controlador lo enfrentó siguiendo su guión de política de cooptación. Minimizó el problema y asumió más rentable el contubernio que la democratización del país. En vez de crear un verdadero el estado derecho e instituciones de seguridad fuertes, prefirió repetir sus prácticas de discrecionalidad y corrupción. Error grave.
El panismo, sobre todo durante el gobierno de Calderón, confundió estado de derecho con fuerza militar. Calderón asumió que el crecimiento del crimen organizado había sido resultado de la carencia de una mano dura. Sacó el ejército a las calles e inauguró una era de zozobra y sangre. Grave error, también. Peña Nieto se ocupó de su imagen y de los negocios que su posición le permitía realizar, por lo que desatendió la política de seguridad. Otro grave error. Unos y otros hicieron posible el crecimiento y empoderamiento del crimen organizado. Sin instituciones sólidas, las bandas corrompieron a las policías y a los jueces. Convocados a la guerra, armaron ejércitos paralelos a los del Estado. Dejados por la libre, incrementaron sus radios de acción y avanzaron sobre nuevos territorios.
Tres.- Las reacciones violentas de la semana pasada dejan ver que la falta de estrategia de gobierno—fundamentada bajo la presuposición de que la respuesta no violenta propicia la paz—ha proyectado al crimen organizado hacia la construcción de un narco estado. El mensaje de la alcaldesa tijuanense y las palabras del secretario de Gobernación en su defensa, así como la repetición del discurso del complot por parte del presidente son muy claros al respecto, a la vez que preocupantes. Urge que el Estado recupere el legítimo uso de la violencia y reduzca el poder del crimen organizado. No se ve cómo vaya a ocurrir. El proyecto del presidente está plagado de contradicciones. Promete paz a través de los abrazos, pero empodera al Ejército como nunca nadie lo hizo. Promete combatir las desigualdades, pero debilita instituciones, gasta a manos llenas en programas electorales e interrumpe inversiones productivas. Ofrece justicia social, pero somete a los poderes que fueron creados para el efecto. Quiere transformar a México, pero sólo habla él y sólo se escucha a sí mismo, además de que se rodea de serviles y no de expertos.
Cuatro. La presencia de la violencia en México no es un fenómeno nuevo, es cierto. Pero hoy debe ser enfrentada teniendo muy clara cuál es su realidad y hasta dónde podrá evolucionar. La violencia que hoy sufrimos es producto de las decisiones tomadas a lo largo de estos cuarenta años, incluidos los últimos cuatro. La política de “abrazos no balazos”, las políticas sociales asistenciales, así como la militarización han sido un rotundo fracaso. Es tiempo de admitirlo y de redefinir prácticas. Por lo que se ve, López Obrador ha decidido profundizar la militarización que tanto criticó, con la que tanto estamos en desacuerdo la mayoría de los mexicanos y la que está demostrado que no conduce a nada. La violencia de hoy día es resultado de cuatro décadas de múltiples errores; pero también es la primera llamada de la puesta en escena que—de no actuar con inteligencia y compromiso—muy posiblemente presenciemos ya no en cuarenta, sino tal vez en diez o quince años más.