El Sistema Electoral de México es perfectible como en cualquiera en los ámbitos de las disciplinas humana. Nada es definitivo en los tiempos y circunstancias que son cada vez más exigentes. Son 45 años, desde 1977 a este 2022, en la transversalidad de las reformas hay una sustantiva evolución en las Reglas del Juego armonizadas con la Democracia, que institucionalizada hace 31 años aún robustas requieren puntuales cambios pero no extinguirle por la sinrazón de un capricho.
La creación del Instituto Nacional Electoral facultado además como rector del Sistema Nacional de Elecciones ha sido de las aportaciones trascendentales de la Reforma Político Electoral promulgada el 10 de febrero de 2014, reglamentando a los 32 Órganos Públicos Locales y la integración por convocatoria de sus Consejerías que dejaron de ser del dominio de la Autoridad de Gobiernos y/o sus Congresos, repartidos hasta entonces en cuotas y cuates.
El INE también reglamenta a los Partidos Políticos y les sanciona cuando incurren en irregularidades, incluido la fiscalización de los reportes de gastos de campaña en las precandidaturas y candidaturas, aplicada en como en casos como los de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán, a quienes se les canceló el registro para gobernador, entre los 43 asuntos similares en ocasión de las Elecciones de 2021.
Por lo compete al Sistema Nacional de Elecciones a cargo de la renovación periódica de las Autoridades Públicas de Gobierno, en el ámbito Federal y Local, se cumple en estricto sentido la probada Calidad de la Democracia; no así los Partidos Políticos que en su pobreza de candidaturas y plataformas de compromisos muestran la contrariedad de una mezquina mediocridad.
Bajo este paraguas, la reforma electoral debería centrarse en elevar el umbral del porcentaje de votación por partido a 5 por ciento, exigiéndoles ser competitivos desde sus estatutos, declaración de principios y programa de gobierno, sus estructuras dirigentes y candidaturas que emerjan con formación ideológica de una escuela de cuadro.
Las Candidaturas Independientes deberán establecerse para quienes tengan su origen en la Sociedad Civil, y dejen de ser la válvula para aquellos con antecedentes partidistas que gran daño le han hecho al ejercicio de la auténtica Política, llevada entre las patas por el repudio del colectivo social.
En esencia lo expuesto tendrá que ser lo prioritario en una eventual Reforma Electoral no cosmética y sí de gran importancia para el equilibrio de las Reglas del Juego, porque para constituir Partidos Políticos se requiere sólo el 0.26 por ciento del Listado Nominal de Electores del INE, mientras que para las candidaturas independientes en el caso de la Presidencia de la República tienen que recabar el equivalente al 1 por ciento de ese mismo Listado.
El margen de maniobra está agotado para emitir la Reforma Electoral, sea o no la Iniciativa del Poder Ejecutivo, por lo que compete a los trabajos de la Práctica Parlamentaria que requiere de el consenso en lo individual y en lo colectivo de las Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados, que por su naturaleza constitucional, con apego al Artículo 105 técnicamente distan 8 meses exactos para concretarla de aquí al 2 de junio próximo, 90 días previos a la primera semana de septiembre en la que debe instalarse el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Declarando el inicio del Proceso Electoral 2023-2024.
Cualquier modificación a las Reglas del Juego debería concretarse a inicios de febrero para que pueda ser procesada por el Sistema Nacional de Elecciones, porque esta función pública autónoma no es cuestión menor, se trata de organizar una Jornada Cívica de la que se elige a quienes asumirán la gobernabilidad de México y en los 32 estados que también tendrán Votaciones.
Previamente la Cámara de Diputados deberá elegir a 4 Consejerías Electorales que propondrá un Comité Técnico independiente en quintetas previa convocatoria pública, para ocupar los cargos que el 3 de abril próximo dejarán entre estos Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama.
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