El lunes 19 de junio, se conmemoró en Estados Unidos la proclamación de la emancipación de los esclavos afrodescendientes en Texas en 1865, celebrada como Juneteenth por la comunidad afrodescendiente y proclamada conmemoración federal en 2021.
El martes 20 de junio, se conmemoró el Día Internacional de las Personas Refugiadas, establecido por Naciones Unidas en el 50 aniversario de la Convención de Ginebra sobre el Estatus de Refugiados de 1951.
Estas fechas, casualmente sucesivas, invitan a reflexionar sobre el estado de las libertades y de la dignidad humana en el mundo y a reivindicar lo que dio origen a estas conmemoraciones: la abolición de la esclavitud y el reconocimiento del derecho a la protección internacional de quienes han sido obligadas a huir de sus países por su raza, nacionalidad, religión, opiniones políticas...
Al reconocer la importancia de la emancipación en Estados Unidos, cuando están en auge las posturas supremacistas que se oponen incluso a la enseñanza crítica de la historia de ese país so pretexto de que hablar de racismo histórico puede avergonzar al estudiantado blanco o culpabilizarlo injustamente, el gobierno federal reconoció implícitamente la validez de las protestas más recientes de comunidades afrodescendientes sintetizadas en el lema "Black Lives Matter" ( "las vidas negras valen").
La relevancia de este gesto no basta, sin embargo, para contrarrestar la ola discriminatoria que han impulsado gobernadores republicanos como Abbott y de Santis, o el propio Trump, y grupos extremistas que ven en la diversidad – y sobre todo en la igualdad de todos los seres humanos- un peligro para la supremacía blanca, como explica, entre otros el escritor y periodista Nicholas Powers (en el medio independiente Truthout).
Como escribiera Judith Butler a raíz de la representación de "los musulmanes" como" enemigos" a raíz del atentado del 9/11 en E.U., otorgar menos valor (o ninguno) a unas vidas que a otras, dolerse menos (o nada) por unas víctimas que por otras, implica des-conocer su condición de seres humanos, negar la humanidad que compartimos todas las personas.
Esta misma humanidad les ha sido y es negada hoy en el mundo a millones de personas obligadas por sus gobiernos, por violencia política o social, o por catástrofes económicas o ambientales a desplazarse a otros países en busca de refugio o de una vida mejor.
Tanto en nuestro continente como en Europa y otras regiones los gobiernos proclaman su adhesión a tratados internacionales y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la vez que amurallan sus fronteras, deportan a miles de personas sin permitirles siquiera pedir asilo y cierran los ojos ante las inhumanas condiciones en que sobreviven millones en campos oficiales de personas desplazadas (como la Unión Europea ante las violaciones de derechos humanos y la represión en Turquía) o en campamentos improvisados y "estaciones migratorias" (como lo hacen hoy los gobiernos mexicano y estadounidense ante la situación en nuestras fronteras norte y sur).
Tanto a la Unión Europea como a Estados Unidos les importa más mantener fuera de sus fronteras a quienes consideran "indeseables" que actuar conforme a los principios que dicen representar. El oportunismo y la cobardía política dejan atrás la defensa de los DDHH y de la democracia.
Dado el ascenso de autoritarismos populistas, discursos y posturas de corte fascista en Europa y en nuestra región, parece difícil que los gobiernos reconsideren las políticas que han institucionalizado y favorecen la violencia y la discriminación contra las personas desplazadas, so pretexto de que violan las leyes migratorias y serían por tanto "criminales".
Tampoco puede esperarse una movilización social amplia en defensa de las personas refugiadas, solicitantes de asilo, transmigrantes o apátridas, en cuanto muchas sociedades (incluyendo la mexicana) están atravesadas de prejuicios y resentimientos que a menudo apuntan contra personas extranjeras o nacionales en situación de movilidad o desplazamiento, precarizadas y con frecuencia criminalizadas.
Sin embargo, es urgente un giro radical en la política nacional e internacional hacia todas estas personas, que reconozca su humanidad y sus derechos y construya sistemas concretos de protección e inclusión.
Mantener la exclusión y deshumanización como política oficial, en México o en Estados Unidos y Europa no solo pisotea la dignidad de quienes la padecen, también alienta la violencia social y corroe el sentido de comunidad humana, indispensable para nuestra supervivencia en el planeta. (CIMAC)