El peor fracaso quizá, porque era su mayor promesa. Naturalmente, la catastrófica pandemia, no imputable al gobierno, es la causa de los daños mayores.
Pero pesa mucho también la incompetencia del gobierno en la ejecución de su proyecto ante la emergencia.
Cancelar el Seguro Popular en el umbral de la pandemia, por ejemplo, agravó mucho los efectos de esta, como muestran los últimos datos del Coneval.
El manejo de la pandemia misma, reconocidamente uno de los peores del mundo, y la austeridad a rajatabla sostenida frente a ella, añadieron estragos al estrago y no sabemos cuántos miles de muertos evitables.
Pero hay un problema previo a la pandemia en la política social del gobierno que podría resumirse quizá en dos palabras: simpleza e inflexibilidad.
La simpleza fue pensar que con reasignar el presupuesto con prioridad en programas sociales bastaría para hacer una diferencia histórica en la lucha contra la pobreza. Y que el dinero de las arcas públicas alcanzaría para todo en cuanto se lo limpiara de fugas y corrupción.
Para mucho más habría alcanzado la reasignación pobrista de los dineros públicos, desde luego, si se hubiera cumplido con la otra premisa/promesa simple del gobierno: que la economía iba a crecer a 4 por ciento anual, y en 2024, a 6 por ciento.
Así esperada la economía, podía también plantearse que no había necesidad de nuevos impuestos ni de nueva deuda para un mayor gasto social. La premisa/promesa original del proyecto era simple, atractiva, indolora, histórica.
Pero la historia caminó por el lado malo, como camina siempre según Engels, y estamos donde estamos: con más no con menos pobres, con menos no con más economía y con un Estado sin dinero que repartió mal el que tenía entre quienes más quería ayudar. Consecuencia: los años de la gran promesa democrática de 2018 son hasta ahora los de peores resultados en la historia de la joven democracia mexicana.